La ONG Provea alertó este 21 de febrero sobre la presencia de funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela con expectativas de que se abra la oficina técnica en Caracas, conforme al segundo memorándum de entendimiento que firmó el fiscal Karim Khan con el gobierno de Nicolás Maduro, el 9 de junio de 2023.
Se espera que dicha dependencia quede instalada durante el primer trimestre de 2024 con visita al país del fiscal de la CPI, Karim Khan, incluida y luego de que la Sala de Apelaciones I de la Corte decida (1 de marzo) sobre la petición del gobierno venezolano para que no se continúe la investigación contra el Estado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, existe preocupación entre defensores de derechos humanos, por cuanto la instalación de la oficina técnica de la CPI pudiera no concretarse por dos razones. La primera, si la decisión de la Sala es desfavorable al gobierno de Maduro y segundo por la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), anunciada por la Cancillería el pasado 15 de febrero.
La visita de tales funcionarios, en medio de un gran hermetismo, ocurre precisamente luego de que el personal de la ONU abandonara Venezuela el fin de semana pasado, puesto que el gobierno les dio 72 horas para salir, por lo que se generan interrogantes acerca del efecto que pudiera tener la presencia de la CPI en ausencia de la oficina de la ONU en la defensa de los derechos humanos en el país.
No habrá atención a víctimas
«No compensa ni de lejos, porque la oficina de la CPI no atenderá víctimas (como la oficina de la ONU), su trabajo es de cooperación técnica. Decirle al Estado venezolano qué puede mejorar para ajustar el derecho interno a estándares internacionales en materia de derechos humanos, por formar parte del Estatuto de Roma. No atenderá casos de violaciones de derechos humanos ni hará pronunciamientos públicos porque esa es la condición», señaló el codirector de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Las recomendaciones incluyen asesorías y acompañamientos en reformas legislativas en el ámbito judicial, para realizar investigaciones y enjuiciamientos por violaciones de DD. HH. y la formación de funcionarios en buenas prácticas en esta materia.
El abogado recordó que la CPI cumple funciones de prevención, investigación y brindar cooperación técnica a los Estados que son parte del Estatuto de Roma. En el caso venezolano, se investigan los crímenes de lesa humanidad desde La Haya y se ofrece capacitación al gobierno venezolano.
«El fiscal de la CPI trata de mantener buenas relaciones con el gobierno de Venezuela pero al final de cuentas al gobierno no le conviene que estén aquí, así no hablen públicamente y se mantengan de bajo perfil. Que haya una oficina de la CPI es muy malo para la imagen del gobierno porque es un indicativo de que se están violando derechos humanos en el país», sostuvo Daniels.
La oficina del Alto Comisionado en Caracas, brindaba asesorías a víctimas de violaciones de DD. HH., comités de víctimas y organizaciones civiles en su exigencia de justicia ante el sistema judicial nacional e internacional, incluyendo acompañamiento judicial ante instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y tribunales.
Recientemente se pronunció para rechazar la detención de la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel y denunciar que fue víctima de desaparición forzada, lo que llevó al gobierno de Maduro a expulsar a la oficina y señalarla de «bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas».
¿En qué consistiría cooperación entre ambas oficinas?
«La ONU y la CPI son órganos diferentes, entre ellos cooperan según el artículo 2 del Estatuto de Roma, pero no son lo mismo y eso hace que no sea posible compensar una cosa con la otra. La oficina del Alto Comisionado es un espacio de derechos humanos como su nombre lo indica, mientras la Corte es un espacio de justicia para determinar responsabilidades, no será una oficina donde las víctimas vayan a tener puerta abierta para ser escuchadas ni orientadas», acotó la abogada Andrea Santacruz de la ONG, Civilis.
De haberse concretado una cooperación entre ambas oficinas en Caracas, de acuerdo con Daniels, hubiera sido para facilitar los contactos con el gobierno, el conocimiento del país y otros temas logísticos en vista de que la instancia de la ONU llevaba tiempo en Venezuela.
«Además de la propia experticia (experiencia en el terreno) que tenían las personas que estaban aquí en derechos humanos que podía también dar soporte a la oficina de la CPI, pero eso ya no va a ocurrir», dijo.
Impacto en operatividad
De instalarse finalmente la CPI en Caracas, señala otra fuente que prefirió el anonimato, la ausencia de la oficina del Alto Comisionado podría afectar el grado de operatividad de la primera por los elementos señalados.
Vale recordar que el gobierno y la Fiscalía de la CPI han firmado dos memorandos de entendimiento. El primero de fecha 3 de noviembre de 2021, en el que acordaron que el Estado venezolano adoptaría las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de conformidad con los estándares internacionales, con el apoyo y participación de la Fiscalía de la CPI, de acuerdo con el principio de complementariedad, además de establecer mecanismos para fortalecer la cooperación entre las partes, entre otros puntos.
El segundo memorando se firmó en junio de 2023 y fue en el que se plasmó la instalación de la oficina para la cooperación técnica, sin involucrar la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte.