Se cumplió un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se habrían cumplido los vaticinios de las principales encuestadoras: una masiva participación de electores y una victoria holgada de la oposición con 70% de la votación a favor de Edmundo González.
Pero también, de acuerdo con analistas políticos, se cumplió el peor escenario previsto, que Miraflores no reconociera los resultados y se negara a ceder el mando a partir del 10 de enero de 2025.
“La elección no fue una solución, sino que se convirtió en un problema. El pueblo salió a votar, pero todo se enredó después porque los irresponsables del CNE (Consejo Nacional Electoral) no dieron los resultados (…)”, resumió recientemente el excandidato presidencial Enrique Márquez.
Desde el primer boletín del CNE que dio como ganador a Nicolás Maduro con 51% de la votación, sin mostrar evidencias pese a las denuncias de fraude, se desencadenaron una serie de hechos, derivados del desconocimiento a la voluntad de los electores, que agravan la crisis política en el país y que el expresidente del Poder Electoral, Andrés Caleca, no dudó en llamar: “golpe de estado a la soberanía popular”.
1. ¿Dónde están las actas?
A la media noche del 29 de julio, el directorio del CNE, encabezado por Elvis Amoroso, aseguró que Maduro ganó la elección con 51,20% de los votos (5.150.092) frente a 44,2% (4.445.978) supuestamente obtenidos por Edmundo González, con una participación de electores de 59%. Denunció un ataque al sistema de transmisión de resultados desde los centros de votación a la sala de totalización; sin embargo, indicó que los resultados se deron con 80% de la transmisión obtenida y que eran “irreversibles”, con una diferencia de alrededor de 700.000 votos que hubieran podido cambiar con el 20% restante.
Amoroso prometió en ese primer boletín que en el transcurso del día siguiente serían publicados los resultados mesa por mesa en todo el país. No lo cumplió. En cambio, el CNE se apresuró a proclamar a Maduro al mediodía del 29 de julio, mientras la oposición reclamó que debió cumplir con la totalización de los votos antes de dicho acto, de acuerdo con la normativa electoral.
Sin publicar resultados desagregados, el CNE emitió su segundo boletín sobre las elecciones el viernes 2 de agosto (cinco días después) en el que ratificó una victoria de Maduro con 6.408.844 de votos (51,95%) frente a 5.326.104 sufragios para González Urrutia (43,18%), con 59,97% de participación. Escudados en el supuesto ataque informático, las actas que debe publicar el ente comicial siguen sin aparecer.
2. Oposición sí publica
A diferencia del CNE y como prueba de un triunfo electoral de Edmundo González, la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, bajo el liderazgo de María Corina Machado, publicó las actas de votación obtenidas por los testigos electorales de los partidos políticos, al cierre de la jornada electoral del 28 de julio.
De acuerdo con dichas actas publicadas (83,5% en el portal https://resultadosconvzla.com) a partir del 2 de agosto y consideradas como válidas por uno de los observadores internacionales de los comicios, el Centro Carter, González derrotó a Maduro con 67% de los sufragios (7.303.480 votos) frente a 30% (3.316.142 votos), que obtuvo Maduro, con 60,08% de participación.
La publicación de dichas actas ocasionó que la Fiscalía abriera investigación penal contra Machado y González.
3. Persecución y detenciones
De acuerdo con la ONG Foro Penal, hay 1.674 detenidos de manera arbitraria en el contexto de las protestas postelectorales, de los cuales 107 son adolescentes y 216 mujeres. Los apresados, sin acceso a sus abogados de confianza, ni familiares, han sido acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de presos comunes omo Tocorón y Tocuyito.
El Ministerio Público habla de 26 muertes producidas los días 29 y 30 de julio, pero se las atribuye todas a la oposición como parte de un plan para derrocar al gobierno de Maduro luego de las elecciones. La oposición y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado la represión desatada por el gobierno a través de los cuerpos policiales para imponer un triunfo electoral que carece de evidencias legales.
Entre los apresados están dirigentes políticos como Freddy Superlano, de Voluntad Popular, y el asesor legal de Vente Venezuela, Perkins Rocha (una de las detenciones más recientes), además de defensores de derechos humanos, adolescentes y nueve periodistas.
4. TSJ convalida al CNE
El 22 de agosto, sin que se conozcan los resultados electorales mesa por mesa y luego de un dudoso peritaje en el que no participaron observadores imparciales que certificaran que el material revisado correspondiera el 28 de julio, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia que da como ciertos los resultados emitidos por el CNE y por tanto la reelección de Maduro.
Dicha sentencia es considerada por juristas como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, como “nula” porque dice que el TSJ carece de competencia para resolver la controversia electoral, sin que se agotaran los mecanismos a través del CNE que no cumplió con la totalización, publicación de los resultados ni las auditorías para su verificación. Tampoco permitió a la oposición impugnar los números al dar luz verde a que el caso pasara al TSJ a petición de Maduro, a través de un recurso contencioso electoral.
Enrique Márquez advirtió que la sentencia atenta gravemente contra el voto y anunció que solicitaría a la Sala Constitucional una revisión. Aunque no espera un resultado favorable, insistió en que se debe preservar la vía institucional.
5. Desconocimiento internacional
Sin la publicación de las actas de votación, los dos boletines del CNE no fueron dados como ciertos por países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y la Unión Europea. Tampoco se considera válida la sentencia del TSJ, lo cual fue plasmado en un comunicado de 11 países del continente americano el 23 de agosto que siguen en la exigencia de una verificación internacional de los resultados de las presidenciales.
Brasil y Colombia, que emitieron luego un comunicado aparte de los once países para hacer la misma petición al gobierno de Maduro, solicitan que no se impongan más sanciones contra Venezuela. Junto con México estos dos países vecinos han hecho esfuerzos por llevar adelante una mediación en la que el gobernante venezolano y su entorno acepte una salida negociada a la crisis, sin resultados hasta ahora.
Maduro no se ha referido directamente a las posiciones de Lula da Silva y Gustavo Petro, pero sí aplaudió palabras del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega en una cumbre del Alba, donde expresó que Lula “se arrastra” a los intereses de EE.UU. por no reconocer la reelección de Maduro.
6. Se pronuncia rector Delpino
El rector principal Juan Carlos Delpino no estuvo en la lectura de ninguno de los dos boletines del CNE, en señal de no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Luego de estar fuera del radar público desde el 28 de julio, reapareció el 26 de agosto en la red social X para dar a conocer un comunicado con su versión de los hechos en la que afirma carecer de evidencia para declarar a Maduro como ganador.
Pese a recibir críticas por la demora en su pronunciamiento y por revelar que no estuvo presente en la sala de totalización de resultados la noche del 28 de julio, politólogos como Guillermo Tell Aveledo y el expresidente del CNE, Andrés Caleca, resaltaron que su versión sí tiene peso por representar una voz interna del ente comicial que no da fe de la anunciada victoria de Maduro.
Desde el chavismo, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, adelantó que Delpino, quien se presume, está fuera del país, sería destituido por la Asamblea Nacional de 2020 por abandonar el cargo.
7. Movilizaciones reducidas
Tres concentraciones ciudadanas ha convocado María Corina Machado en defensa de la voluntad popular expresada el 28 de julio. Una el 3 de agosto, otra el 17 de agosto, replicada en diversos países del mundo y este 28 de agosto, a un mes de los comicios. Sólo el primero contó con la presencia de Edmundo González a quien la Fiscalía lo ha citado dos veces para declarar sobre la publicación de las actas electorales en el portal mencionado. Voceros como el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, han exigido su encarcelamiento.
Analistas políticos han señalado que la estrategia opositora de no recurrir demasiado a actividades de calle, busca proteger a la población de la represión gubernamental, al tiempo que trabaja por elevar aún más la presión internacional para que Maduro acepte abandonar el poder a partir de enero.
Los simpatizantes del partido de gobierno (Psuv), incluyendo este 28 de agosto, también han salido a las calles para manifestar respaldo al gobernante, quien ordenó un permanente despliegue policial y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para evitar protestas contra los resultados electorales como las ocurridas los días 29 y 30 de julio. A la fecha el acuartelamiento de las policías nacionales y municipales del país, ordenado desde antes de las elecciones, se mantiene.
8. Leyes y amenazas
El 15 de agosto, la AN de 2020 consumó su amenaza contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al sancionar una ley que las regula y fiscaliza. Las ONG la han llamado “ley antisociedad” porque aseguran que busca la eliminación de las organizaciones que han denunciado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, investigados la Corte Penal Internacional (CPI) y defienden derechos humanos frente a la represión gubernamental, especialmente la desatada luego de las presidenciales.
El gobierno señala a las ONG de ser financiadas por partidos políticos de “extrema derecha”, pero también por organismos internacionales que buscan desestabilizar al gobierno de Maduro.
Está en fase de segunda discusión la ley contra el fascismo, propuesta por el Ejecutivo, y puede ser sancionada en cualquier momento. El proyecto de ley contempla sanciones de hasta 12 años de prisión contra quienes se considere, promuevan el fascismo o cualquier forma de violencia en el país.
También está en el aire la advertencia de Jorge Rodríguez, según la cual, serán reformadas leyes electorales como la de partidos políticos, para impedir que “fascistas” puedan competir en elecciones, en alusión a las parlamentarias y regionales que corresponden a 2025. Rodríguez se refería especialmente a quienes no acaten la sentencia de la Sala Electoral.
9. Atrincheramiento
Para completar un complicado panorama en materia de derechos humanos en el país, este 27 de agosto Maduro anunció cambios en su gabinete ministerial. De los nombramientos destacó el de Diosdado Cabello como nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, del que dependen los organismos policiales del país – los mismos señalados de la actual represión contra los ciudadanos – e instituciones como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
También resalta la designación de Delcy Rodríguez como ministra del Petróleo, lo cual ha sido interpretado, junto al nuevo cargo de Cabello, como un “atrincheramiento” del chavismo frente a nuevas sanciones internacionales a la industria petrolera, mayor presión para que se respeten derechos humanos y que acepten una salida negociada del poder.
10. Llamados
En medio de los acontecimientos también han destacado propuestas como las de Enrique Márquez y Caleca a consolidar una unidad superior entre actores políticos de oposición y la sociedad para resistir en la defensa de los resultados electorales del 28 de julio de manera pacífica. «Movimiento cívico en defensa del artículo 5 de la Constitución sobre la soberanía popular», lo llamó Márquez, exvicepresidente del CNE.
A pesar de que la estrategia no luce muy clara para la ciudadanía, Machado ha asegurado que la situación no tiene vuelta atrás y que “está cerca” el final del régimen de Maduro, sin precisar lapsos. Este 28 de agosto pidió de nuevo confianza a quienes la acompañaron en la concentración del Centro Lido en Caracas y recordó que las manifestaciones de calle escalonadas buscan proteger a la gente de la represión.