El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, ofreció avances de la investigación contra la activista Rocío San Miguel, y dijo que la suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (Oacnudh) se dio porque hablaron de desaparición forzada en su caso.
Aseguró que la Oficina tenía conocimiento de la detención e imputación de Rocío San Miguel, pero insistieron en hablar de desaparición forzada.
“A pesar de saber que Rocío San Miguel fue aprehendida y sería presentada, seguían manteniendo la tesis de la desaparición forzada. Eso es ofensivo, por eso el Estado decidió suspender por 30 días a esta oficina“.
También mencionó que solicitaron expedientes como el asesinato del rapero Canserbero.
“Es realmente sorprendente que se pida causas de este tipo totalmente ajenas a la defensa de derechos humanos”, informó sobre la solicitud de causas como hechos de corrupción, delincuencia organizada y delitos comunes.
“¿Para qué piden el expediente de Natalia y Guillermo Améstica? ¿Para defender a los asesinos de Canserbero? Es increíble que se pidan estos documentos ajenos a una oficina de derechos humanos”, sostuvo.
Saab recalcó que San Miguel no estuvo en desaparición forzada como lo denunció hasta la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
“Mienten de forma tan brutal que se les cae todo, porque ni siquiera saben el concepto de una desaparición forzada. Las desapariciones forzadas, en la mayoría de los casos, culminan en la tragedia que es el asesinato. Eso ocurría aquí en los 60, 70, 80 durante la democracia puntofijista”, reiteró.
Cuestiona papel de defensora de DDHH
Saab volvió a cuestionar el papel de San Miguel como defensora de derechos humanos y su trabajo al frente de la ONG Control Ciudadano, que creó en el año 2013 y se dedica a temas de seguridad y defensa de la Nación.
En una rueda de prensa desde el Ministerio Público, este lunes 19 de febrero, el funcionario presentó una supuesta orden de operación de uno de los militares detenidos por la trama “brazalete blanco”, Gabriel César Siero, en la que implica a San Miguel en este caso.
“Es incompatible que un defensor de derechos humanos esté involucrado en acciones de asaltar cuarteles y acciones magnicidas”, dijo Saab sobre la defensora.
Aseguró que ella -dentro del plan que denuncia la Fiscalía- sería “la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional para cubrir los eventos en tiempo real de los avances de la operación”.
Mencionó a medios de comunicación digitales para difundir los ataques y avances de los militares que tomarían los parques de armas de la 21 Brigada de Infantería del Ejército y el Batallón Negro Primero, ambos en el estado Táchira, y reiteró la acusación contra Tamara Suju, Sebastiana Barráez, Norvey Marín y Wender Villalobos.
Las pruebas de la Fiscalía contra San Miguel
“Hemos encontrado suficientes indicios para considerar que la señora Rocío San Miguel está lejos del perfil de una defensora de los derechos humanos”, insistió el titular de la Fiscalía General de la República.
En su alocución mostró mapas, computadoras portátiles, teléfonos móviles, agendas y un video en el que muestra estos equipos.
Acusó a San Miguel de ser una “espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones contra la soberanía nacional”.
Mencionó que la ONG Control Ciudadano “era una fachada” para supuestos “actos terroristas” contra el Estado venezolano y sus autoridades, entre las que volvió a mencionar al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y al mandatario Nicolás Maduro.
Aseguró que encontraron 18 mapas cartográficos en un allanamiento que se practicó en la vivienda de San Miguel, donde presuntamente había coordenadas de instalaciones militares y zonas de seguridad.
“Hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas. En cada uno de estos mapas, que pertenecen a la cadena de custodia del Ministerio Público, que los mismos familiares reconocieron en el allanamiento que eran de ella, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores”, subrayó.
Cuestionó que San Miguel tuviera los perfiles del alto mando militar del país, que recabaron en laptops y celulares.
Al igual la señaló de recibir dinero, específicamente dólares, de una “petrolera trasnacional” y de “entregar información de seguridad” a un diplomático europeo.
Confirma que recibió visita de familiares
Los abogados de San Miguel informaron que hasta el día domingo 18 de febrero aún no habían podido constituirse como defensa técnica para rebatir los cargos e imputaciones contra la activista, además añadieron que su hija, Miranda Díaz, la pudo visitar en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.
El fiscal confirmó que este domingo sus familiares “pudieron visitarla. Y hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada. Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida”.