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A vísperas de una nueva visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al país, sindicalistas venezolanos acudieron a la sede de este organismo, ubicada en Ginebra, este lunes 19 de septiembre, para denunciar el encarcelamiento de trabajadores por razones políticas. 

La próxima parada será la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). La información detalla los casos de persecución y detenciones contra trabajadores también se llevará a la Corte Penal Internacional (CPI), informó Marcela Máspero a Efecto Cocuyo.

Máspero es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y representante de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Tuvo que salir del país, en abril de este año, tras negarse a firmar una declaración final que se produjo en el marco del Diálogo Social, según dijo.

“Los trabajadores están siendo objeto del crimen de persecución y encarcelamiento y eso constituye crímenes de lesa humanidad, eso está sustentado en el Estatuto de Roma y nos compete a los trabajadores hacer las denuncias que corresponden”, argumenta.

Destaca los casos de Rodney Álvarez, quien pasó 11 años de su vida tras las rejas. Este año lo liberaron y anularon su condena.

Otro caso mediático es el de Eudis Girot, liberado durante la visita de la comisión de la OIT que estuvo en abril en Caracas, sobre quien mantienen un proceso judicial “ambiguo” abierto como una forma de amenaza para inhibir sus actividades sindicales, según Máspero.

Estatuto de Roma

El mandato de la CPI se enfoca en crímenes de lesa humanidad, ocurridos en Estados en los que el sistema de justicia no quiere o no puede procesar a los presuntos perpetradores.

La fiscalía del tribunal internacional abrió una investigación por la presunta comisión de estos crímenes en Venezuela que espera la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar su curso.

El profesor especialista en derecho penal internacional Simón Gómez Guaimara explica que, para que el crimen pase a ser competencia de la corte, la persecución tiene que estar vinculada con otros de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma porque el contexto es determinante. 

Máspero inició este proceso de documentación y denuncia acompañada por Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, quien se mantiene en el exilio desde 2017.

Uno de los insumos que remitirán a la CPI es una lista de 100 sindicalistas a quienes imputaron por razones políticas, según Máspero: “Esa lista apenas esté en manos de esas instituciones se hará pública, hemos hecho un trabajo muy concienzudo”.

Zuleta denunció que ninguno de los sindicalistas que están detenidos tienen acceso a su expediente y sus abogados tampoco: “Así manipulan los casos y agregan cargos. El gobierno primero te detiene y después te arma el expediente”.

Hay ocho sindicalistas presos

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical contabiliza ocho sindicalistas detenidos actualmente.

A ambos los recibió, este lunes 19 de septiembre, la jefa del servicio de libertad sindical de la OIT, Karen Curtis, según indicaron.

Máspero adelantó que un equipo técnico de la OIT llegará al país este jueves 22 de septiembre para ofrecer un seminario a las centrales sindicales sobre diálogo, salario y los temas vinculados al diálogo social. Se espera que la visita oficial de los representantes de este organismo que evaluarán los avances en las recomendaciones hechas por la comisión de expertos se materialice el próximo lunes 26 de septiembre.