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En la trama de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) hay varias interrogantes que la ONG Transparencia Venezuela insta a las autoridades a responder en aras de la credibilidad de la investigación y el derecho a la información de los ciudadanos, tales como cuál es el monto del patrimonio público comprometido, por qué no se investiga a los altos mandos de la industria y cuál es el sitio de reclusión de los funcionarios y empresarios detenidos hasta ahora.

Abogados penalistas señalan que en las audiencias de presentación de los apresados ante un tribunal, por la presunta comisión de ilícitos tanto en Pdvsa, como en la CVG y en el sistema judicial venezolano -58 hasta ahora según la Fiscalía General – transmitidas a través de VTV y videos divulgados por funcionarios del Ejecutivo, se observa que no están asistidos por ningún abogado y que el tribunal fue constituido en una sede policial.

Luego no se ha precisado públicamente, a diferencia de otros privados de libertad, entre ellos presos políticos, cuál es el sitio de reclusión mientras se celebran los juicios que deben determinar la responsabilidad individual, lo cual, se advierte, viola el debido proceso y afecta la transparencia de las investigaciones.

«Estamos en presencia de la necesidad de que en Venezuela se respete el derecho a la justicia y el debido proceso de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución. La gran corrupción es responsable de la situación del país y por ello las investigaciones son positivas pero debe respetarse el debido proceso porque los derechos humanos son para todos», sostuvo el abogado penalista y defensor de DDHH, Eduardo Torres.

¿Qué se sabe?

Según versiones extraoficiales, los apresados por el escándalo de corrupción en Pdvsa y CVG estarían recluidos entre la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede Plaza Venezuela, pero ninguna autoridad lo ha confirmado.

«Ciudadano fiscal general, Tarek William Saab, otra duda, los detenidos e imputados por corrupción están alojados en el piso 11 del Sebin. Comen a la carta y hasta socializan. ¿Es esto normal? ¿Por qué no están en celdas mientras esperan juicio? ¿Qué hacen allí?», escribió en su cuenta de Twitter (3 de abril), el exgobernador de Aragua y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rafael Isea, actualmente fuera del país.

Isea también ha asegurado (29 de marzo) que el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, contra quien las autoridades ni voceros del chavismo han hecho señalamiento alguno en la trama de corrupción en Pdvsa, estaría «bajo custodia extrema» de cuerpos de seguridad en Fuerte Tiuna, Caracas.

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Vale acotar que el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) transmitió la presentación de los detenidos en la sede de la Coordinación de Operaciones Aeronáutica del Sebin ante un tribunal constituido en el lugar, con lo que también se puede inferir que están bajo custodia de este cuerpo de seguridad.

«Es responsabilidad del juez de control definir el sitio de reclusión de los imputados. Está dentro de las medidas que se dictan luego de la audiencia de presentación y debe quedar claramente establecido a dónde se está enviando a la persona», subrayó Torres a Efecto Cocuyo.

Recalcó que no es una información que puede omitirse en el debido proceso, así como el derecho a ser asistido por un abogado, ser presentado en el lapso de 48 horas, recurrir a la defensa privada y poder recibir la visita de familiares (no ser aislado).

¿Qué dice el artículo 49 de la Constitución?

El artículo 49 constitucional establece el debido debido proceso para todas las actuaciones judiciales y administrativas que implica, entre otras cosas, la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.

 Vale acotar que a los detenidos además de ser imputados por delitos asociados a la corrupción como apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir, se le suma, para aumentar el castigo, el de «traición a la patria» que según el Código Penal Venezolano conlleva a penas hasta de 30 años de prisión.

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El abogado penalista Joel García advirtió a Efecto Cocuyo que la tipificación penal de traición a la patria está mal aplicada en este caso porque no se atenta contra la forma republicana ni contra la integridad de su territorio como lo establece el Código Penal.

«Legalmente no es así, está mal aplicado ese tipo penal, así como se lo aplican a presos políticos solo por ser opositores», subrayó. 

Afecta credibilidad de la investigación

Torres, también abogado de presos políticos, advirtió que si en las detenciones de funcionarios y empresarios por casos Pdvsa y CVG se viola el debido proceso, la credibilidad de la investigación por corrupción queda comprometida.

También afecta la transparencia, resaltó, el hecho de que por los presuntos ilícitos las averiguaciones no se hayan extendido a las máximas autoridades de Pdvsa, tales como el exministro El Aissami, la junta directiva y el propio gobernante Nicolás Maduro.

«Esos funcionarios incurrieron supuestamente en corrupción y en los juicios debe determinarse la responsabilidad exacta ¿Pero actuaron solos? ¿Quién les dio las órdenes desde arriba? Maduro es el cuentadante y la Contraloría General de la República también falló al no aplicar los controles previos y sigue fallando porque se desconoce cuánto dinero se perdió, no se publican estadísticas como la producción de Pdvsa y cuántos recursos genera», criticó.