La noche de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio pasado, Andrés Villavicencio, de 30 años, cruzó las puertas del centro de votación del Instituto Educativo Paraguaná, en el estado de Falcón, con una copia de las actas en su mano izquierda.
Después de 19 horas de fiscalización, Villavicencio, uno de los más de 90.000 testigos electorales de la oposición, avanzó directo hacia el grupo de personas que se habían agolpado en las puertas del lugar para custodiar la votación.
«Nicolás Maduro: 195 votos. Edmundo González: 1046», gritó a la multitud el militante de Primero Justicia, el partido del dos veces candidato a presidente Henrique Capriles, que integra la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y que llevó a Edmundo González Urrutia como candidato por la oposición.
La respuesta fue inmediata. Los gritos de alegría del cordón humano que rodeaba a Villavicencio, este joven abogado y también vicepresidente de su partido en el municipio de Carirubana, rompieron el silencio alimentado por la espera.
«Fue uno de los mejores días de mi vida. Pensaba que íbamos a ganar, pero no esperaba que fuese por tanto», le dice Villavicencio a BBC Mundo, sobre los resultados en su centro de votación en la ciudad de Punto Fijo, capital de Carirubana, un distrito que define como «tradicionalmente chavista».
La información de las copias de las actas de los testigos de la oposición, que en su mayoría daban por ganador al candidato Edmundo González, empezaron a inundar las bases de datos de la oposición, que había preparado una robusta estrategia de supervisión electoral.
Pero esa medianoche, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) informó, sin mostrar las actas, que el ganador había sido Nicolás Maduro, lo que desató la indignación de políticos y testigos de la oposición, que no dudaron en denunciar fraude.
A partir de ahí, Villavicencio describe una larga serie de intimidaciones que incluyeron guardias de autos no identificados en la puerta de su casa, un intento de ingresar a su vivienda y hasta la anulación de su pasaporte, lo que derivó en un exilio voluntario en el exterior.
Villavicencio habló con BBC Mundo desde Madrid, España, sobre la persecución y el hostigamiento del que son víctimas los opositores en Venezuela después de la votación.
Los días previos
El viernes anterior a las elecciones, Andrés durmió poco. A las 4:30 de la madrugada ya estaba en la puerta de su centro de votación listo para la instalación del material electoral.
Por su experiencia política como militante, y tras haber fiscalizado siete elecciones previas desde 2012, sabía que la mejor manera de evitar problemas era estar ahí antes que llegaran los fiscales del chavismo y de la apertura del centro de votación.
Villavicencio llegó al lugar junto a otros cinco testigos opositores -un titular y un suplente por cada una de las tres mesas de votación de ese centro- listo para desplegar el material electoral y preparar el lugar para las elecciones que iban a tener lugar en dos días.
En Venezuela, en cada elección, los miembros del CNE y los testigos de los distintos partidos preparan lo que llaman el «cotillón electoral», que incluye el despliegue de las urnas y las máquinas, para garantizar con tiempo de que nada falle.
«Pudimos ingresar al centro antes que los testigos chavistas y no hubo irregularidades el día viernes en la instalación de mesas», asegura Villavicencio.
Ese día, volvió tranquilo a su casa, dado que había podido verificar que la elección no sería manipulada, después de imprimir la llamada «acta cero», que sirve para certificar que la máquina de votación no haya sido previamente adulterada.
Pese a ello, el militante de Primero Justicia denuncia actos de «abuso de poder» previos a la votación de los que fue testigo, que van desde la demora en la entrega de credenciales electorales para los fiscales de la oposición y la utilización del transporte público por parte del oficialismo para movilizar a sus votantes.
El domingo de la votación
La noche del domingo de la elección, Villavicencio no durmió. La ansiedad lo dominaba todo. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron los seis testigos que esperaron sentados a que abrieran las puertas del centro electoral.
Entendía que la presencia de los testigos distribuidos en 30.000 mesas por todo el país, que tenían como principal función custodiar el voto y llevarse una copia de las actas, era la única manera que tenía la oposición para que el gobierno reconozca una eventual victoria.
Pero él no era el único que estaba expectante. Para su sorpresa, al llegar al instituto se encontró con una larga fila de personas que habían empezado a llegar a la medianoche, mucho antes que ellos, listas para emitir su voto.
«Nos pusimos a conversar con ellos hasta la apertura del centro, a las 6 de la mañana. Debo decir que todo transcurrió en paz», recuerda.
El domingo, la participación fue alta y se dio de manera pacífica, según reportaron la inmensa mayoría de los centros y los medios locales, así como los dirigentes políticos tanto del gobierno como de la oposición.
«Incluso el comportamiento de los militares fue el adecuado. El Plan República se comportó a la altura. Puedo asegurar que los militares que estaban en mi centro actuaron de forma institucional y que en ningún momento fueron fueron groseros, ni nos atropellaron», destaca Villavicencio.
Sin embargo, según su recuerdo, que coincide con el de muchos otros testigos, las cosas cambiaron a partir de las 6 de la tarde, cuando se cerraron las urnas y empezó el recuento de votos.
La pelea por las actas
La calma que había reinado en el Instituto Paraguaná se escapó junto al último votante.
En el momento en que las máquinas imprimieron los resultados, y las tres mesas dieron por ganador al candidato de la oposición por una aplastante mayoría, los miembros del CNE empezaron a desplegar una batería de argumentos para impedirles a los testigos que se llevaran una copia de las actas.
Después de un escrutinio manual, habilitado por la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela, que implica abrir la urna y contar papel por papel para cotejar con la impresión de la máquina, los presentes confirmaron que la diferencia de votos a favor del candidato opositor.
Los testigos del chavismo se quedaron en silencio. «Cuando los chavistas vieron el 82% de Edmundo González se les vino el mundo encima. Los sorprendió por completo. Tenían cara de estar en un funeral», describe Andrés.
Villavicencio y los otros cinco testigos de la oposición no podían, ni querían, simular su alegría. Solo debían esperar a que los miembros del CNE les dieran una copia de las actas para poder volver a sus casas.
«Nadie se va sin el acta», les habían dicho desde el comando de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática.
En un primer momento, los miembros del CNE se negaron a entregar las copias de las actas, que es un derecho de los fiscales establecido por el artículo 337 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela.
«También nos dijeron que quedaba prohibido fotografiar el acta. Te podrás imaginar cómo fue mi reacción», recuerda.
La arbitrariedad de la decisión de los miembros del CNE, según narra Villavicencio, se basó en las indicaciones de un superior respaldado por un simple mensaje de voz de WhatsApp que llamaba a no entregar las actas.
«Fui testigo electoral ocho veces en mi vida. Ésta fue la primera elección donde tuvimos que reclamar que se entregan las actas a los fiscales. Nunca antes me había pasado eso, nunca antes se habían negado a entregar una copia», dice.
Tras 20 minutos de discusión entre los testigos de la oposición y los miembros del CNE, bajo la mirada atenta de los militares y el silencio de los chavistas, las autoridades electorales accedieron a entregar las copias de los actas.
El joven abogado está convencido de que los representantes del CNE le dieron la copia de las actas por las decenas de personas que se empezaron a congregar en la calle exigiendo conocer los resultados de la votación.
«Nos dieron las actas por la presencia ciudadana. De otra manera, el personal del CNE no nos hubiera entregado una copia», dice.
El anuncio de los resultados
Ya con las copias de las actas en la mano, Villavicencio apuró el paso hacia la puerta para comunicarles a casi un centenar de personas reunidas en la calle que Edmundo González había ganado la elección en ese centro de votación.
Desde que Chávez llegó al poder, la alcaldía de Punto Fijo nunca estuvo gobernada por la oposición. Esta vez, las actas mostraban que el gobierno no había logrado ganar en ningún punto del municipio. Ni siquiera en el más pobre, Los Rosales, donde González obtuvo el 65% de los votos, según los datos de la PUD.
La instancia de informar un resultado en las puertas de un colegio no es usual pero es legal en Venezuela. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, menciona el derecho a una «auditoría ciudadana», es decir, a que cada elector acuda a su centro electoral para ser testigo del resultado.
Ese mismo día, María Corina Machado había llamado a sus simpatizantes a «cuidar el voto» y a presentarse en los centros de votación para custodiar los resultados.
Pero a la medianoche, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, comunicó sin mostrar las actas, que con un 80% de las mesas escrutadas, Maduro había sido reelecto para un tercer mandato con un 51% del apoyo.
Hasta el día de la publicación de esta nota, el CNE no ha hecho públicas las actas, ni ha publicado el resultado desagregado, como le han exigido la oposición y numerosos gobiernos y organizaciones internacionales, en base a la Ley de Procesos Electorales de Venezuela.
Por el contrario, Nicolás Maduro decidió que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, sería el organismo encargado de certificar el resultado, a pesar de que podrían haber recurrido a las actas de sus propios fiscales para confirmar los votos como hicieron en las elecciones de 2013.
Este jueves, a casi un mes de las elecciones, el TSJ certificó «de forma inobjetable» el resultado de la elección emitido por el CNE.
«Horas después entendí por qué no habían querido entregarnos las copias de las actas. En ese momento, supe que venía algo peor a lo ya conocido», dice Villavicencio.
Las intimidaciones
El lunes siguiente a las elecciones, Andrés Villavicencio empezó a sentir la presión de la intimidación y hostigamiento en su contra.
Ese mismo día, mientras sus vecinos salían a la avenida Bolívar de la ciudad de Punto Fijo a exigir las pruebas de los resultados, dos hombres que llevaban barbijo, uno con capucha y otro con gorra, bajaron de un auto sin matrícula y llamaron a la puerta de su casa.
Los hombres se presentaron como técnicos de la empresa de internet. Pero ni Andrés, ni ningún miembro de su familia, habían llamado a la compañía. Tampoco habían reportando una falla, ni habían pasado antes por una situación como esa, en la que dos personas llegasen de imprevisto.
Por eso, no les abrió.
«Les negué la entrada a pesar de que insistieron. Entonces, se dedicaron a tomarle fotos a mi casa durante un buen rato, hasta que se fueron. Ahí empezó el hostigamiento», denuncia Villavicencio.
Este viernes, un comité de Naciones Unidas condenó las acciones de acoso, hostigamiento, intimidación y amenazas a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil en Venezuela y le pidió a Maduro que adopte medidas efectivas para la prevención.
Desde ese momento, Andrés no volvió a salir solo de su casa.
A los pocos días, escuchó a un dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, decir que el gobierno estaba anulando arbitrariamente pasaportes a dirigentes de oposición, a periodistas críticos y a testigos electorales.
Villavicencio, que no había dejado de compartir en sus redes sociales sus opiniones políticas y su denuncia de fraude, entró a ver qué pasaba con su pasaporte: «anulado», leyó en letras rojas y en mayúsculas.
«Fue una decisión totalmente arbitraria porque mi pasaporte está vigente hasta 2031. Evidentemente, fue una decisión política y entiendo que el mensaje era: ten presente que no te vas a poder ir del país«, dice Villavicencio.
Hasta que el sábado 10 de agosto, algo cambió.
Ese día un auto, esta vez con placa, se estacionó frente a su casa pero nadie le tocó el timbre. Un hombre se bajó del coche y volvieron a tomarle fotos a la fachada de su casa. Esta vez, los visitantes estuvieron cuatro horas sin moverse del lugar.
Villavicencio llamó a un informante que conoce dentro del gobierno, del que no quiere ofrecer más detalles para no exponerlo, para que lo ayudara a entender qué era lo que estaba pasando.
«En ese momento, me confirmaron que mi detención era inminente y que mi sitio de reclusión sería el Helicoide. Gracias a esa persona, ahora estoy en libertad, gracias a esa persona pude salir del país a tiempo», asegura.
«Entonces, entendí que esta vez la dinámica iba a ser distinta», dice Andrés, quien ese mismo día reunió a su familia y les avisó que se iba de Venezuela.
«No me arrepiento de nada»
La salida hacia Madrid no fue sencilla.
La anulación de su pasaporte y la vigilancia en la puerta de su casa le impidieron salir de su país desde el aeropuerto internacional de Maiquetía. Por eso, decidió cruzar la frontera por tierra hacia Colombia para volar desde allí hacia Europa.
«Antes de salir de mi casa, desconecté el chip de mi teléfono para evitar ser geolocalizado. Ya en la frontera, vinculé otro chip. Me moví a un sitio al que me fueron a buscar y me cruzaron a Colombia», explica Villavicencio.
En Colombia, pudo confirmar la arbitrariedad de la medida que derivó en la anulación de su pasaporte y el de otros opositores: excepto en Venezuela, su pasaporte sigue vigente. Por lo que pudo volar hacia España sin problemas.
Villavicencio, como tantos otros testigos electorales y militantes de la oposición, siempre ha sido consciente de que participar en las elecciones y denunciar un fraude puede implicar represalias.
«Si uno hace oposición de manera frontal a un régimen siempre tiene el riesgo de tener que irse del país. Todos los que estamos en la oposición nos exponemos y nos arriesgamos para que las cosas cambien», dice Villavicencio.
Pero, a pesar de haber tenido que dejar su Falcón natal, incluso después de pasar por situaciones intimidatorias y de haber sentido que corría riesgo su integridad física, Villavicencio dice que volvería a hacer todo lo que hizo.
«No me arrepiento de nada. Me siento orgulloso de haberle hecho oposición frontal a este sistema de opresión», asegura.
