La cuarentena no evitó la invasión del edificio Domus

Andrea Garofalo

Gran Caracas.- Propietarios de las distintas empresas que funcionan en los tres edificios de Domus, ubicado en la Avenida Victoria de Caracas, denuncian que la infraestructura fue tomada ilegalmente por hombres y mujeres pertenecientes al movimiento Ezequiel Zamora, la madrugada del domingo 17 de mayo. 

Alrededor de 15 negocios, entre ellos de manufactura textil y venta de utensilios para restaurantes/hoteles, y 120 trabajadores; se vieron afectados por la invasión de estos espacios que seguían operativos. 

Los empleadores argumentan que las personas que ingresaron a las instalaciones abrieron un hueco en las paredes, las cuales conectan con la Gran Misión Vivienda que comparte su parte trasera, puesto que las cerraduras en ningún momento fueron forzadas. Asimismo, los cilindros fueron cambiados, las ventanas las cubrieron con telas y cerraron las puertas. 

A pesar de la medida existente de aislamiento social preventivo por COVID-19 anunciada por el gobierno nacional, la cual prohíbe acumulación de personas en espacios reducidos, los sujetos que irrumpieron en la estructura alegan que quieren viviendas dignas y no están dispuestos a negociar su salida. Además, emplearon distintas consignas con el propósito de captar la atención y el apoyo de la comunidad, quienes están en total desacuerdo.

Una llamada

Vecinos de la zona alertaron a los inquilinos de Domus, pues horas antes se registraron detonaciones de armas frente a los edificios. En la mañana del 17 de mayo, individuos cercanos a los comerciantes los llamaron para notificarles que un grupo de personas habían ingresado a los espacios. Adicionalmente, han visto cómo los ocupantes sacan material de las instalaciones dentro de grandes maletas en la madrugada, situación que les causa sospecha. Los entrevistados prefieren mantearse en anonimato por temor a represalias.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), mediaron palabras con los invasores, pero las acciones no pasaron a mayores. Luego se presentó una representante de la Alcaldía de Caracas, Cristina Fazzina, quien abogó por los ocupantes afirmando que ellos tienen derecho a vivienda y que su reclamo en »legal», fidedigno, según las declaraciones de los agraviados.

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»No entendemos por qué reclaman ese derecho a la propiedad privada, estas son empresas cien por ciento operativas», lamentó uno de los arrendados. De acuerdo con la alcaldía, está vigente un decreto para apropiarse de áreas ociosas, pero los empresarios argumentan que tienen a la mano los pagos tributarios y la nómina al día.

Hasta el momento ninguna autoridad les ha dado garantía de que recuperarán el acceso a sus espacios, es más, Fazzina les recomendó sacar toda la indumentaria de las fábricas para »acelerar el proceso», alternativa que no ven viable.  

Sentimientos encontrados 

»Tenemos todo nuestro patrimonio allí, mercancía que debíamos entregar, prendas que estamos fabricando a empresas que trabajan con el Estado. Casi todas son empresas manufactureras (…) Estamos atados de manos», sostienen los representantes de los tres edificios tomados en la Av. Victoria.

Entre las tantas interrogantes que se les ocurren a los afectados, está el ‘‘¿Por qué si es una ocupación entraron a todos los locales?’’. Manifiestan que si fuera una ocupación se habrían quedado en un espacio, al contrario de lo que hicieron. ‘‘Pareciera que quisieran observar qué tenemos, qué se pueden llevar… esto causa suspicacia’’.

Uno de los afectados explicaba -con mucho dolor- que tiene bajo su cargo a 20 mujeres de diversas ocupaciones, las cuales son el sustento del hogar. Agrega también que la preocupación que le genera no encontrar solución a este conflicto, lo hace sentir »enfermo».

Con más de 20 años laborando en la Av. Victoria, esperan que los vecinos se sumen a la denuncia y los ayuden a retomar sus espacios pacíficamente. 

¿Punto de Control?

Habitantes de la zona coinciden en que estas acciones tienen un objetivo, control social. Un miembro de un grupo organizado, no especifican nombre, informó que serán confiscados distintos espacios para vigilar y observar las actividades que se lleven a cabo en las comunidades, con el propósito de detectar reuniones que no favorezcan al gobierno nacional.

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