Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la represión ocurrida en Venezuela el 11 de abril de 2002, que causó 7 muertos y 5 lesionados.
Según la nota de prensa publicada en el portal de la CIDH, el caso 12.582 fue presentado el 9 de julio de 2024 debido a las violaciones del Estado venezolano a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la reunión y protección judicial, todos enmarcados en la Convención Americana.
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“Tras más de 20 años, el caso no ha sido esclarecido ni se ha condenado a ninguna persona, lo que evidencia una situación de impunidad y falta de investigación adecuada. Además, (…) no se había probado que las víctimas hubieran obstaculizado la investigación y que la afectación a la integridad personal de las víctimas podía ser un elemento para acelerar la investigación. Por lo tanto, concluyó que el Estado violó el derecho a garantías judiciales y el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares", detalló la organización en la nota.
¿Qué ocurrió el 11 de abril de 2002?
El 11 de abril de 2002, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) organizaron una protesta contra los despidos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Durante la manifestación, que se dirigía al palacio de Miraflores, funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana de Caracas atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos y piedras. Además, se reportó la participación de los Círculos Bolivarianos en la represión de la marcha.
La CIDH determinó que, durante esta manifestación, los agentes estatales utilizaron fuerza letal de manera injustificada cerca de la estación del metro El Silencio, causando la muerte de Jhony Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, y heridas a Fernando Joel Sánchez Colmenares.
Mientras que en la zona La Pedrera, agentes estatales y Círculos Bolivarianos emplearon fuerza letal, asesinando a Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, y lesiones a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
No prosperaron las denuncias presentadas contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías, el ministro de Defensa, general Lucas Rincón, y el fiscal general, Isaías Rodríguez, así como contra otros tres individuos implicados.
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