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El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y la Organización Mundial contra la Tortura (Omct) presentaron un informe en el que documentan con detalle los ataques a activistas y violaciones de derechos humanos en los últimos dos años en Venezuela.
El documento que reseña la investigación fue nombrado Informe Venezuela: Enemigos Internos, la defensa de Derechos Humanos bajo ataque; y especifica las hostilidades vividas por activistas como Ana Rosario Contreras, Luis Carlos Díaz o Marco Ponce, entre otros. La realización del trabajo fue apoyada por la Unión Europea.
“Denunciar la carestía de servicios básicos, exigir justicia o incluso meramente participar en labores humanitarias implica exponerse a ataques por parte del Estado. A la vez, el contexto de crisis ha llevado a que cada vez más personas participen en acciones de exigencia de derechos, lo que ha aumentado la represión", denunció Liliana Ortega, directora de Cofavic, según una nota de prensa.
Este informe se publica en un contexto en el país en el que se han registrado casi 11.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2012 y en el que la crisis en el ámbito nacional ha provocado la migración de millones de personas venezolanas.
Las dos organizaciones internacionales y tres venezolanas han podido documentar un total de 121 agresiones -la punta del iceberg- contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela durante los años 2018 y 2019. El Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques, ya sea por medio de sus herramientas de comunicación o de la acción de los organismos de seguridad del Estado.
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“En los últimos años, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han constituido un entorno hostil para la defensa de derechos humanos. Leyes regresivas, impunidad absoluta y la estigmatización como política de Estado difundidas por los medios de comunicación públicos definen una tormenta perfecta para el derecho a defender derechos humanos en Venezuela", declaró Gerald Staberock, secretario general de la Omct.
El informe recoge historias individuales que evidencian la sistematicidad de los ataques a las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Algunos de los casos citados son los ataques contra la ONG Prepara Familia, simplemente por su labor humanitaria; el hostigamiento a Ana Rosario Contreras, por su defensa de derechos humanos como presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Federal; y la ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora de derechos humanos Ruth Pérez.
“Concebir a quienes defienden derechos humanos como enemigos internos, terroristas o agentes desestabilizadores es una acción perversa que refuerza la crisis política, humanitaria y de derechos humanos que experimenta el país, al dificultar el trabajo, precisamente, de aquellas personas que contribuyen a reforzar el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho", declaró Alice Mogwe, Presidenta de Fidh.
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