Por: Gabriel Peraza
Caracas.- Cuando ya casi se cumple un mes de haberse realizado la elección presidencial y en medio de la falta de publicación de resultados disgregados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con el peritaje electoral de los comicios del 28 de julio. Las investigaciones, que comenzaron el 5 de agosto, han estado marcadas por omisiones y limitaciones en sus procedimientos.
Los representantes designados por el ente judicial son observadores internacionales y auditores nacionales de gobiernos aliados y de organizaciones que han simpatizado con el oficialismo. Entre ellos están el Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir), además de un grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) invitados por el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero.
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Un criterio parcializado
“El CNE tiene el mejor sistema electoral de Latinoamérica", reiteró el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, durante su estadía en Venezuela. Lo afirmó por primera vez el 11 de abril, en un encuentro entre las autoridades electorales del país y los observadores internacionales. Luego, el 26 de julio, durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), les garantizó a los ciudadanos que sus votos serían contados.
Casi un mes después de los comicios y tras la entrega de dos boletines, el órgano electoral no ha mostrado los resultados especificados por estado, municipio, centro y mesa de votación.
El sistema electoral no solo está vinculado con el ejercicio del voto, al que hizo referencia Moscoso, sino también con una serie de normas y de procedimientos que se deben cumplir. Si bien hubo analistas y organizaciones que garantizaron la seguridad del sistema automatizado del CNE antes del 28 de julio, también advirtieron que hubo irregularidades en otros procesos que engloban el sistema.
Además de respaldar al CNE, Moscoso también ha mostrado su apoyo a otros órganos y procesos electorales en Latinoamérica. Por ejemplo, tras la victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2016, dijo que su triunfo dio “plena conciencia a los nicaragüenses que tomaron una decisión hacia su futuro" y destacó el “progreso" que tuvo el país bajo su gestión. Por decisión de Ortega, en esos comicios no hubo una observación electoral, sino una visita de “acompañantes electorales" reconocidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Omisión de acuerdos y auditorías
Para llevar a cabo el peritaje, el TSJ también convocó al Opeir. Este observatorio, junto con el Ceela, suscribió un convenio de veedurías con el CNE a mediados de abril. En la fecha se comprometieron a respetar las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas en materia electoral. Tras firmar el acuerdo, ambos órganos invitados destacaron la “transparencia y fortaleza" del sistema electoral venezolano.
Esas declaraciones que dieron representantes de dos órganos convocados por el gobierno no coincidieron con las que hizo el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe preliminar, publicado el 14 de agosto. Una de las principales críticas asentadas en este documento fue la falta de transparencia e integridad del proceso electoral. Incluso, el panel calificó como un hecho sin precedentes el anuncio de resultados hecho por el presidente del CNE, Elvis Amoroso.
Entre las actividades agendadas por el Opeir y el resto de convocados por el TSJ está el análisis del «ataque cibernético» denunciado por las autoridades el día de la elección. En su informe, la ONU reportó que hubo una falla en el funcionamiento de la transmisión electrónica de resultados después del cierre de las mesas, pero el CNE no le dio explicaciones al panel de expertos. Además, entre las tres auditorías postelectorales suspendidas por el órgano electoral, había una revisión que hubiese podido dar luces sobre cualquier ataque que se hubiera registrado.
En el peritaje no se tiene previsto llevar a cabo las auditorías suspendidas el 28 de julio. Estos procesos permitirían verificar si el material entregado por el CNE al TSJ coincide con las actas de escrutinio. Tampoco se programó verificar las firmas digitales de dichas actas que, hasta ahora, solo han sido publicadas por la oposición venezolana.
En la investigación que adelanta el TSJ no participan los equipos de auditores de Un Nuevo Tiempo (UNT), Movimiento Por Venezuela (MPV) y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Esta última, en un comunicado publicado el 19 de agosto, describió la pericia como un procedimiento irregular y calificó de inconstitucional el recurso utilizado por Nicolás Maduro para dar inicio a este proceso.
Acreditados confiables y con sesgos
Eugenio Martínez, periodista especializado en asuntos electorales, informó el 18 de agosto que los auditores nacionales convocados por el TSJ son un equipo de profesores de la USB y técnicos que han trabajado junto al rector Carlos Quintero en otros procesos.
Martínez hizo énfasis en que el peritaje es un ejercicio inútil si antes no se valida la autenticidad del material entregado por el CNE al TSJ a inicios de agosto. Asimismo, enfatizó que la investigación no puede llevarse a cabo con los técnicos de confianza del Poder Electoral, ya que se estaría auditando a sí mismo.
Por su parte, la ONG Transparencia Electoral registró, en un informe publicado el 13 de agosto, a casi un centenar de personas invitadas por el CNE para hacer observación y veeduría del proceso, pero que no tienen la preparación para cumplir con esa tarea. Entre ellos se registró a Moscoso y a representantes de otras organizaciones.
La ONG señaló que varios de los invitados viajaron a Caracas para asistir al encuentro II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es una factor para la autodeterminación, un evento organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y que se llevó a cabo el 24 de julio, cuatro días antes de las elecciones.
Acompañado por las organizaciones mencionadas y sus representantes, el TSJ tiene dos semanas revisando el material consignado por el CNE. Los interrogatorios a la mayoría de los candidatos presidenciales y miembros de las organizaciones políticas, que se hicieron entre el 7 y 9 de agosto, también formaron parte de este proceso. Al terminarlo, el máximo tribunal emitirá una sentencia que, según lo informado por la Sala Electoral, será “inapelable".
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