En tiempos de crisis, todos los gobiernos esgrimen a su conveniencia la defensa de la soberanía nacional. ¿Qué es, de dónde sale y cuál es la trascendencia de ese concepto tan crucial en la historia, pero tan manoseado hoy en día para justificar la persecución a oenegés en América Latina?
Por: Octavio Enríquez*
Como si fuese poco con las detenciones arbitrarias, la privación de nacionalidad y los destierros en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo marcó otro hito represivo en América Latina. En un solo día ordenó el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales (oenegés) y confiscó sus propiedades.
Murillo, la esposa de Ortega que funge como vicepresidenta, anunció el viernes 16 de agosto, poco antes de firmar la medida estatal, un nuevo modelo para este tipo de organizaciones. Ya no recibirán beneficios fiscales y su relación con el Estado deberá limitarse al “respeto" y la “solidaridad", lo que en el lenguaje de la dictadura significa que no podrán ejercer ninguna función que implique una crítica al Gobierno. El endurecimiento es tanto que las iglesias deberán tributar por las limosnas que reciben.
Según el nicaragüense Amaru Ruiz, activista de derechos humanos, la dictadura ha desaparecido el 72% del espacio cívico al cerrar 5.220 organizaciones en los últimos seis años. Ese ataque sistemático se incrementó con la ley de “agentes extranjeros", aprobada en octubre de 2020. La conocen localmente como la ley Putin por una legislación rusa similar de fines de 2012 que parece haber servido de modelo para este mecanismo de represión.
Ortega representa hoy en día el caso más extremo de una casta de políticos de América Latina que consideran la labor de los organismos no gubernamentales una agresión a la “soberanía nacional". Entre ellos se encuentran dirigentes en México, El Salvador, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia y Paraguay.
¿De dónde sale y cuál es la trascendencia de este concepto tan manoseado en la región? En primer lugar, soberanía es la capacidad que tiene el Estado de ejercer el control absoluto de las instituciones políticas en su territorio, pero también de tomar sus propias decisiones. Los romanos la llamaban “principatus", explica el politólogo José Antonio Peraza, un antiguo preso político de Ortega.
Peraza afirma que el dictador de Nicaragua ha tomado medidas represivas contra las Oenegés porque considera inaceptable que intervengan y opinen en temas sociales, libertades políticas y económicas. “Todo aquel que se sale de ese control interno se vuelve un enemigo del Estado y por tanto de la soberanía", advirtió.
Una soberanía que reside en el pueblo, como planteó Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII. Años después, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció también que ese principio reside en la nación. Ambas posiciones resultan esenciales para entender a los Estados, caracterizados por sus resortes institucionales.
Sin embargo, algunos regímenes antidemocráticos de América Latina y del mundo se identifican a sí mismos con el pueblo. Deploran la independencia de los poderes del Estado y los convierten en un apéndice de sus propias decisiones.
Por ejemplo, desde finales de julio, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha reprimido con ese pretexto las protestas por el fraude electoral, como si los manifestantes fueran enemigos del pueblo. Y, como era de esperar, el chavismo puso entre los objetivos de sus arremetidas a las oenegés. El partido de Maduro aprobó el 15 de agosto una ley para fiscalizar el financiamiento y la actuación de esas asociaciones. La norma coincide con un patrón local de abuso que tiene como antecedentes la expropiación de la Cruz Roja en 2023 y el hostigamiento a otros organismos de derechos humanos como Provea.
“Se quiere tener una sociedad civil callada y sumisa. Domesticada. Este es el verdadero fin de la ley. No es la regularización de las organizaciones, porque ya estábamos regulados. Hacemos un llamado a los órganos internacionales para que se pronuncien sobre este tema", dijo el abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, al diario digital Efecto Cocuyo.
En los últimos años, otros dirigentes latinoamericanos se han lanzado contra la sociedad civil organizada. Uno de los más incómodos es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El 19 de agosto cuestionó que la agencia estadounidense Usaid financiara a la asociación sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción, especializada en investigaciones periodísticas. Dolido por las denuncias, el gobernante informó que le escribió sobre el tema a su homólogo Joe Biden. “Este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones", argumentó el presidente mexicano.
Para el experto salvadoreño en relaciones internacionales Napoleón Campos, la sociedad civil asume en términos generales los roles de promover los derechos humanos y de participación ciudadana en contextos democráticos. Eso es reconocido como un valioso aporte, tanto por la Organización de Estados Americanos (OEA) como por Naciones Unidas. Sin embargo, los organismos se enfrentan en el terreno a los intereses de lo que Campos llama “proyectos tiránicos" en la región.
En eso, Campos coincide con el diplomático boliviano Jaime Aparicio Otero, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Aparicio observa que el concepto de soberanía se convierte en un “pretexto" para atacar a un sector que los líderes políticos asumen como una amenaza para su control absoluto.
“Las organizaciones y movimientos de la sociedad suelen promover valores como la transparencia, la rendición de cuentas, la protección del medioambiente, derechos humanos y la participación democrática. Por lo tanto, son contrarios a los intereses de un gobierno que lo que busca es concentrar el poder y prorrogarse", sostuvo Aparicio.
El abogado boliviano señala a Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela como el grupo de naciones que vive bajo un “populismo autoritario". Aunque sus líderes se identifican como de izquierda, también la derecha de Jair Bolsonaro persiguió en Brasil a los organismos no gubernamentales. De hecho, intentó controlar a las oenegés mediante un decreto en 2019, y acusó a las asociaciones que trabajan con los pueblos de la Amazonía de “manipular y explotar" a las comunidades indígenas.
También Nayib Bukele, en El Salvador, ha atacado a los grupos de la sociedad civil. Tras establecer un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que le ganó una inmensa popularidad con su mano dura, pudo reelegirse en 2024, pero la democracia murió en el intento. Por supuesto, quienes documentaron los abusos provienen de las filas de la sociedad civil y el periodismo independiente, y el ejecutivo ha respondido con el hostigamiento y una campaña permanente de desprestigio en las redes sociales. Por ejemplo, Bukele estalló en cólera en abril de 2022 y los acusó de estar detrás del “derramamiento de sangre" causado por las maras.
El Gobierno salvadoreño tiene guardado, por el momento, un proyecto de ley de “agentes extranjeros". La propuesta busca castigar la “injerencia extranjera" y contempla gravar con un impuesto del 40 % a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil o a los medios que el régimen considere que están participando en política y alterando el orden. La norma se encuentra “dormida" por ahora, pero dado que Bukele controla por completo el parlamento, podría aplicarse en cualquier momento.
Por supuesto, Bukele, percibido como ultraderechista, ha asumido posiciones de defensa de la “soberanía" que lo acercan más bien al izquierdista Ortega. En tres ocasiones, la delegación salvadoreña en la OEA no respaldó la condena multilateral por los abusos cometidos en su país vecino. Escribieron un curioso pie de página, en que El Salvador afirma que no interviene en asuntos internos de otros países.
Pero es que el concepto de soberanía tiene límites. Mientras Campos considera “hipócrita" la postura de Bukele, Aparicio invoca los compromisos de los Estados en materia de respeto a los derechos humanos. “Respecto a la soberanía es bueno decir que se olvidan los países latinoamericanos como México, Colombia y otros que, al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la carta de la OEA, hay un deber de injerencia asumido por los propios Estados que trasnacionaliza la obligación de cumplir con los derechos humanos", expuso.
En Bolivia, si uno revisa el récord político de Evo Morales, parecía empeñado en construir la imagen de un defensor de la soberanía en América Latina. Pero la defensa de este valor resulta bastante maleable en las manos de los políticos. De hecho, esos líderes latinoamericanos suelen ser dóciles cuando la supuesta injerencia proviene de China, Rusia o Irán. Aparicio explica que las millonarias inversiones de Beijing —en tecnología, infraestructura y recursos naturales— no estipulan a sus socios ninguna condición de gobernabilidad o derechos humanos.
Por ejemplo, el 14 de octubre de 2023, Daniel Ortega alabó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Opinó que fue un “milagro" que tuvieran ahora esos vínculos y destacó que el trato con ellos es de “respeto" y sin “poner condiciones". Es el mismo modus operandi con otras naciones que están enfrentando violaciones de derechos humanos. Al fin y al cabo Beijing reconoció la “victoria" de Maduro tras “la organización exitosa" de elecciones en Venezuela, a pesar del fraude documentado por la oposición.
Por supuesto, tiene toda la lógica que los dictadores que despliegan un terror estalinista contra sus opositores prefieran de amigos a quienes no les cuestionan esas actitudes. Porque a los autócratas locales no les gusta que les hagan preguntas incómodas, justamente las que las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación de plantear. De ahí que éstas, en mayor o menor medida, siempre se encontrarán en la mira de sus acciones represivas.
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