En la masacre de El Ripial fueron ejecutadas extrajudicialmente cinco personas en el estado Apure por parte de la FANB y FAES
@ValeriaPedicini
Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez. Los primeros cuatro eran parte de una misma familia. El quinto era panadero. Todo eso conjugado en pasado.
El 25 de marzo de 2021 fueron asesinadas, presuntamente, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras ser acusados de ser “guerrilleros”.
Las cinco ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure. Las víctimas fueron llevadas con signos vitales al barrio 5 de julio de La Victoria. Pero aparecieron muertos en El Ripial.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión.
“Pareciera que se quiere reeditar la masacre de El Amparo, un hecho similar donde las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y luego pretendieron decir que eran guerrilleros», indicó Javier Tarazona de Fundaredes a una entrevista en TalCual en mayo de 2021.
Además de la ejecución de las 5 personas, perpetrada por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, se han procesado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y allanamientos arbitrarios.
Violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad
Las organizaciones Fundaredes, Provea y Fundación El Amparo condenaron a dos meses de haber ocurrido la masacre que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, no haya presentado avance de las investigaciones que dijo se iniciaron dos días después del suceso.
“A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure”, expresaron las organizaciones.
Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab anunció que envió una comisión del Ministerio Público para investigar la masacre luego de que los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos realizaran la denuncia.
A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Tarek William Saab sigue en silencio, así como el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure.
“Hasta el momento en los sucesos de Apure, el defensor del Pueblo guarda un silencio que estremece. Así lo hizo con la masacre de La Vega. ¿Callará nuevamente? Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad”, indicó Marino Alvarado, coordinador de Provea.
Ninguno de los presuntos responsables ha sido procesado.
Entre los señalamientos del defensor de derechos humanos, menciona que se debe abrir una investigación a la cadena de mando. “Debe investigarse a quienes accionaron el gatillo, quienes dirigieron y los altos mandos militares que coordinaban las operaciones”.
“El lamentable silencio hasta ahora mantenido por quien dirige el Ministerio Público justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en los últimos años. La no actuación del sistema de justicia en el país impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales”, afirmó Provea.
