Un jurado federal de Florida, EE.UU., falló este lunes que la multinacional del banano Chiquita Brands International Sàrl, acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en ese país, tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que la asistencia que brindó al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia era resultado de una «amenaza ilegal, inmediata e inminente» por parte de este grupo terrorista. Tampoco logró demostrar que no tenía otra alternativa razonable que proporcionar asistencia a las AUC, según consta en el veredicto.
El fallo señala además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó una actividad peligrosa que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.
Por todo ello, condenaron a la multinacional a pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo, especialmente en la región bananera de Urabá, Colombia.
Demandantes del caso contra Chiquita
Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez, padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una.
Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa bajo presión.
Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.
Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.
Tras declararse culpable en 2007 le tocó indemnizar a los familiares afectados
Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias a cuyos seres queridos asesinaron los grupos que financió.
En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
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