¿Cómo será la hipotética entrega de la banda presidencial de Nicolás Maduro a Edmundo González Urrutia? ¿Será en la sede de la Asamblea Nacional? ¿Invitarán a los representantes de todos los poderes públicos? ¿Será transmitida en cadena nacional de radio y TV? ¿Habrá discursos, aplausos, juramentos ante la Constitución? ¿Se irán de la Asamblea al palacio de Miraflores para la celebración de rigor y luego de un trago simbólico a trabajar que hay mucho por hacer? Son preguntas que en un país normal tendrían una respuesta sencilla y en su mayoría monosilábica, pero Venezuela no es un territorio donde la normalidad abunde, por decir lo menos. 

Las elecciones que tendrán lugar el próximo 28 de julio llevan una carga tal de trampas, obstáculos y marramucias que sería suficiente para cantar foul y denunciar el proceso como fraudulento desde ya, sin esperar por más, porque la lista de irregularidades es tan larga como se quiera, y va desde lo macro hasta lo más cotidiano. El régimen, apoyado en los poderes que deberían ser autónomos pero que solo responden al cogollo que manda, comenzó por confiscar a los partidos políticos de la oposición para entregárselos a unos señores, alacranes los llaman, que poblaron de candidatos el tarjetón electoral en una simulación de pluralismo y apertura que solo sirve para confundir al elector. El paso siguiente al secuestro de los partidos fue inhabilitar a la candidata que presentó la oposición como ganadora absoluta en las primarias del pasado mes de octubre, para luego inhabilitar a su reemplazo hasta que finalmente permitió, no se sabe cómo, inscribir un segundo reemplazo como “tapa” que terminó siendo el abanderado mayoritario de la Plataforma de la Unidad y, vea usted, el favorito en todas las encuestas.

En paralelo a la intervención de los partidos opositores y sus candidatos, el chavismo ha secuestrado a varios dirigentes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, a defensores de los Derechos Humanos y a militares “sospechosos”. Además, obligó a asilarse en la embajada de Argentina a la plana mayor del comando de campaña de MCM, bajo la amenaza de órdenes de captura por la consabida excusa de las indemostrables y etéreas traición a la patria, intento de magnicidio y tendencia al odio. Todo esto mientras hace imposible la inscripción de los millones de votantes que viven en el extranjero, cierra estaciones de radio todas las semanas y hace un uso abierto y obsceno de los recursos públicos para montar la campaña oficialista.

En un plano más pequeño, y más patético si se quiere, están las clausuras de comercios –con la eximia intervención de funcionarios del SENIAT- por despacharle empanadas, café o refrescos a los integrantes del equipo de gira cercano a la Sra. Machado, o prohibirle a los hoteles ofrecerle hospedaje, o robar los vehículos (camiones, peñeros, canoas) de los que se atreven a darle transporte, mientras confiscan los equipos de quienes le alquilan el sonido. También están los cierres de accesos a los pueblos y ciudades donde se desplaza la campaña opositora, la prohibición de usar aviones y muchas otras medidas de intimidación y abuso.

Hasta ahora, y a pesar de la delantera que le brinda su poder sin controles ni frenos, el régimen va perdiendo el partido: las encuestas serias le dan una desventaja de dos dígitos largos, además de que varias de sus acciones –o todas sus acciones- para sabotear a los rivales solo han resultado en disparos por la culata y rechazo del soberano. Y la oposición no ha cantado forfeit, ni parece tener intenciones de hacerlo, a pesar de los susurros que circulan por las redes: el TSJ le está buscando la vuelta a la tarjeta de la Unidad para sacarla del juego; ya se están cocinando los números según los resultados de unas encuestadoras sacadas del sombrero; podría forzarse un incidente bélico con los vecinos para suspender los comicios o… La lista de posibles “incidencias” podría llegar hasta el techo, pero habrá que contrarrestar cada acción –con la reacción adecuada- cuando llegue su momento. Aún quedan 49 días para las elecciones y luego serán unos 6 meses hasta la toma de posesión. La carrera no es de velocidad, sino de resistencia.




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