El candidato opositor Daniel Ceballos propuso este martes un «acuerdo de unidad nacional», basado en políticas sociales y económicas, que presentará a los otros aspirantes a la Presidencia, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 28 de julio.
Según el documento que compartió en la red social X, el acuerdo contempla siete puntos, entre ellos «reestructurar la economía nacional», lo que incluye la restitución del «poder adquisitivo del salario del trabajador» y respetar los derechos laborales, entre ellos las «jubilaciones y pensiones de los trabajadores».
Además, planteó diseñar programas y políticas públicas que garanticen «el acceso a la salud gratuita», a la «alimentación digna» y a los servicios básicos, así como eliminar la reelección indefinida e invertir en el sector energético nacional -especialmente en el servicio eléctrico y la industria petrolera.
Su propuesta también contempla la «liberación inmediata de todos los presos políticos» y «buscar mecanismos efectivos para facilitar el retorno de los migrantes venezolanos y su incorporación a la vida social».
Otros puntos del acuerdo
Entre los puntos también está «normalizar las relaciones con la comunidad internacional», lo que implica «la eliminación de cualquier tipo de sanción o bloqueo de los recursos financieros de la República».
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Ceballos aseguró que este pacto será «para la gente», para que los venezolanos no pierdan, «sea quien sea quien que gane el 28 de julio».
«La mayoría de los candidatos ha venido abordando este acuerdo e incluso podemos decir que el presidente de Colombia (Gustavo Petro) ha hecho un esfuerzo por este pacto y también lo ha hecho el presidente de Lula (Da Silva, de Brasil)», dijo el candidato, sin precisar si tuvo algún contacto con ellos o se refiere a la postura de los mandatarios frente a los comicios venezolanos.
El documento que recoge el acuerdo, de momento, únicamente está suscrito por el propio Ceballos, según una imagen que él mismo ha publicado en su cuenta de la red social X.
El candidato presidencial, que cuenta con el respaldo de las organizaciones políticas Arepa y Voluntad Popular -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia-, fue detenido en 2014 cuando era alcalde de San Cristóbal, estado Táchira (oeste), por estar presuntamente vinculado con hechos de violencia durante una oleada de protestas nacionales, y posteriormente fue liberado en 2018.
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