La organización Defiende Venezuela denunció el grave retroceso del espacio cívico en el país tras la represión de las protestas poselectorales en rechazo a los resultados oficiales de las presidenciales del 28 julio.
En un escenario en el que las protestas se extendieron por todo el territorio nacional, con miles de venezolanos participando en actos de resistencia pacífica, funcionarios de seguridad y grupos paramilitares, conocidos como colectivos, han reprimido a los manifestantes utilizando fuerza desproporcionada, señaló la organización en un comunicado.
Según la ONG, el Gobierno ha cometido violaciones de derechos humanos con medidas represivas que buscan silenciar la disidencia, infundir miedo entre la población, restringiendo sus libertades fundamentales y derechos civiles.
Defiende Venezuela denunció detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y condiciones inhumanas de detención como algunos de los mecanismos utilizados para reprimir a los manifestantes y disuadir a otros de participar en futuras protestas.
El Foro Penal ha constatado el arresto de 1.780 personas desde el inicio de las protestas, una cifra que según el Gobierno supera las 2.400 detenciones.
Ezequiel Monsalve, coordinador legal de la ONG Defiende Venezuela, detalla algunos de los derechos civiles y políticos que han sido vulnerados como el de la manifestación pacífica, la libertad de expresión, debido a las agresiones y detenciones a periodistas, así como restricciones a su trabajo.
También mencionó entre las vulneraciones, el derecho a un juicio justo por la falta de defensa adecuada, entre otras circunstancias, el derecho a la integridad personal debido a condiciones de detención inhumanas, y el derecho a la libertad personal.
Exhorto al Estado venezolano
Defiende Venezuela exhortó al Estado venezolano a liberar de manera inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas.
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Pidió adelantar una investigación independiente y exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos, el cumplimiento de las garantías procesales para todos los detenidos y el respeto a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La organización concluye que es imperativo que el gobierno venezolano cese la represión y permita el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
