Extorsión a ciudadanos venezolanos en España/Foto El Español

El empresario Ralph Steinmann, investigado en la causa abierta en un juzgado madrileño sobre una supuesta red de extorsión a ciudadanos venezolanos en España, ha negado que estuviera relacionado con ese entramado y ha asegurado que la actividad de sus empresas no tienen nada que ver con esas presuntas ilegalidades.

Steinmann ha declarado por videoconferencia desde Suiza ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que sigue la causa por la denominada Operación Caranjuez, en la que se investiga una presunta trama de extorsión a exaltos cargos venezolanos que podrían estar supuestamente relacionados con actividades de blanqueo, a quienes habrían ofrecido protección a cambio de dinero y de información sobre Podemos.

Entre los investigados figuran un policía municipal de Madrid, un exmilitar israelí, un inspector de Policía Nacional y un miembro de la Ertzainza ya jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, además de abogados y empresarios o asesores, algunos imputados en el caso de la petrolera venezolana PDVSA que se sigue en la Audiencia Nacional.

Trece investiga por trama acusada de extorsión 

Ralph Steinmann es una de las trece personas que la jueza mantiene como investigadas desde el inicio y al que citó a declarar en octubre de 2022, aunque no lo hizo. Poco después, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que el juzgado dictara auto de prisión y diferentes órdenes internacionales de detención y entrega respecto a varios investigados que no habían comparecido, entre ellos Steinmann.

Este martes Steinmann ha declarado por videoconferencia desde Suiza, donde reside, contestando únicamente a preguntas de su letrado para asegurar que su empresas no tienen que ver con ese entramado y se dedican a otros negocios, han informado a EFE varias fuentes presentes en la declaración.
Los fiscales han propuesto que la declaración sea presencial
Los fiscales han propuesto al inicio de la vista que la declaración fuese presencial, debido a que se trata de delitos graves, en aplicación del real decreto ley 6/2023, por el que se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la justicia.
Pero la magistrada Cristina Díaz Márquez ha replicado que ese real decreto no ha entrado aún en vigor y que esa petición debería de haberse hecho antes, según han precisado las fuentes.
Después de Steinmann ha declarado un empresario cuya entidad está investigada en la trama, quien ha aportado documentos para demostrar que eso no es cierto y que solo tuvo relación con uno de los imputados.
La magistrada ha advertido a las partes de que desde el Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional le han solicitado declaraciones hechas en este proceso, lo que no considera adecuado porque se trata de causas separadas, según las fuentes.
Una vez practicadas estas diligencias la jueza tiene previsto tomar declaración a Martín Alberto Rodil, un analista de seguridad afincado en Estados Unidos al que la Fiscalía Anticorrupción considera «el sujeto central de la trama», ya que tendría «vinculaciones» con las Fuerzas de Seguridad de España y habría puesto en contacto a venezolanos como el exministro venezolano Nervis Villalobos con «altos representantes de la cúpula policial».

No obstante fuentes jurídicas han precisado que la declaración de Rodil, prevista para este mes, se pospondrá.

Los investigados españoles que declararon en el juzgado se desmarcaron de las acusaciones, mientras que los exministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado confirmaron que fueron víctimas del entramado, al que dieron dinero e información a cambio de protección.

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