Un dron bomba estalló este jueves sobre La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador. Causó daños en el techo de esta prisión situada en la ciudad de Guayaquil. Hace un año se registró un hecho similar que obligó entonces a trasladar a otras cárceles a peligrosos delincuentes.
Alrededor de las 10:45 hora local (15:45 GMT) se produjo la explosión, según reportaron medios locales, después de que el artefacto volador cargado de explosivos hubiese aterrizado a primera hora del día en el techo de la cárcel, donde se encuentran presos como Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).
En un primer comunicado, el Gobierno aseguró que había logrado frustrar el atentado, que buscaba inhabilitar la prisión. Dijo que las fuerzas de seguridad evaluaban si hacer una detonación controlada o desactivarlo en el mismo lugar.
Al detectarse el dron, se activaron grupos especiales de la Policía Nacional para responder a esta repentina amenaza contra La Roca. La cárcer forma parte del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones en la que hay recluidos alrededor de 12.000 reos.
Segundo atentado contra La Roca en Ecuador
En septiembre del año pasado, también llegó un dron con explosivos a La Roca y su explosión controlada por parte de las fuerzas de seguridad destrozó el techo de la cárcel, que quedó inhabilitada durante varios meses.
Esto causó el traslado de los presos a otras prisiones, entre ellos a José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), el líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.
'Fito' regresó a la Cárcel Regional de Guayaquil, que se encontraba dominada por Los Choneros, y desde esta se escapó entre finales de 2023 e inicios de 2024, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
El líder criminal cumplía una condena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asesinato y asociación ilícita.
Desde inicios de este año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones criminales.
