Casi medio siglo después, un expolicía de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue condenado por el delito de tortura por hechos ocurridos en 1976. Pero, según activistas paraguayos, todavía son muchos los casos de represores que aún quedan impunes.
El proceso en contra del excomisario Eusebio Torres (88 años) culminó este martes con una condena de 30 años de pena privativa de libertad. La cumplirá bajo detención domiciliaria.
Torres fue denunciado en 2011 por Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco (fallecida hace dos años).
La sentencia llega después de que en 2019 los casos Torres y Camilo Almada, otro excomisario acusado de tortura, fueron sobreseídos. El Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló ante los presuntos delitos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad entre abril de 1976 y mayo de 1979.
«Esto es una reversión de todo eso, en el sentido de actuar dentro de un juicio con jueces valientes y probos», dijo a EFE Antonio Pecci, quien integra la Mesa de Memoria Histórica. Es uno de los testigos que participó en el proceso que derivó en la condena.
Nunca cayeron los «peces gordos»
La celebración contrasta con los numerosos casos aún sin Justicia. La Comisión de la Verdad y Justicia identificó a 450 represores. Esta comisión investigó la violación de los derechos humanos durante la dictadura entre 2003 y 2008.
De los 450 represores identificados, apenas ocho fueron sancionados con sentencias en firme, dijo el responsable de investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Hugo Valiente.
«Paraguay perdió su oportunidad», consideró este investigador, al referirse a la sanción de los delitos cometidos la dictadura. Indicó que los «peces gordos» o altos funcionarios del régimen ya murieron y no respondieron por sus crímenes.
Stroessner, sus exministros Edgar Insfrán y Sabino Montanaro, así como el exjefe del departamento de inteligencia de las Fuerzas Armadas Alejandro Fretes y el exdirector de la Oficina de Asunción Técnicos (dependiente del Ministerio del Interior) Antonio Campos Alum fueron procesados pero no fueron enjuiciados, recordó Valiente.
Los únicos ocho sentenciados fueron funcionarios, militares, policías y un civil, todos de mandos medios o bajos.
Expolicía Torres era un mando medio
El expolicía Eusebio Torres, a decir de Valiente, fue un mando medio o bajo, no daba órdenes, fue un «funcionario operacional», el que «materializaba la tortura».
«Lo que marca verdaderamente un punto de inflexión en una democracia es meterle preso a los represores. Es la única medida que efectivamente termina por restablecer las relaciones asimétricas de poder», opinó Valiente.
Codehupy, con datos del Ministerio Público actualizados hasta 2020, reportó 42 causas por desaparición forzada y tortura durante la dictadura. Además, 31 procesos solo por desaparición forzada y 68 investigaciones en curso por tortura.
Valiente advirtió de un «estancamiento» generalizado de las investigaciones. Criticó a la justicia transicional en Paraguay como «es deficitaria», incluso en tiempos de democracia.
Además del caso de Torres, otro proceso de 2021 contra el expolicía Fortunato Lorenzo Laspina llegó a una sentencia de siete años por tortura. Pero la condena aún no está en firme.
Las torturas no deben quedarse impunes
Monseñor Mario Medina, quien presidió la Comisión de la Verdad, admitió que «la justicia llega tarde, pero aquí en Paraguay es así».
Sobre el proceso contra Torres, destacó que ha permitido «reavivar la memoria histórica» de la dictadura más larga de América Latina. Defendió que «nada debe quedar impune».
Medina refirió que la Comisión de La Verdad contabilizó al menos 18.772 víctimas directas de tortura. Pero los perpetradores «en su mayoría se ha salvado, se ha librado de la justicia».
El expolicía Torres, junto a los otros ocho condenados de la dictadura, perteneció al Departamento de Investigaciones de la Policía que, bajo la jefatura de Pastor Coronel, «pasó a convertirse en la principal fuerza de violencia coercitiva del régimen» stronissta en 1968, relata el documento ‘Ventanas abiertas’, elaborado por Codehupy en 2023.
Ese departamento, agrega el texto, «acopiaba información obtenida bajo tortura y a través de su sistema de espionaje».
En promedio, la detención de las personas fue de 481 días en ese sitio, donde 62 personas desparecieron.
La Comisión de la Verdad indicó que un 1,5 % de la población adulta que sumaban en promedio 1.250.000 de habitantes entre 1954 y 1989 fue víctima de tortura.
Las torturas registradas por la Comisión fueron golpes con o sin instrumentos, colgamiento, asfixia por ahogamientos, electricidad en el cuerpo, quemaduras o cortes, violación sexual, acoso, manoseo, trabajo forzado o tortura psicológica.
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