En contextos electorales la persecución política en Venezuela se agudiza, según un informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
La organización documentó que el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido históricamente a tácticas de represión más duras durante los períodos electorales, según el informe “10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión”.
El informe fue presentado el martes 25 de junio durante un evento virtual que contó con la participación de los miembros de Cepaz: Beatriz Borges, directora ejecutiva; Nicole Hernández, investigadora; y Faisal Yamil Meneses, coordinador legal. La moderación estuvo a cargo del periodista Luis Carlos Díaz.
El gobierno siempre ha mantenido su objetivo de debilitar a sus adversarios políticos, controlar a la ciudadanía y asegurarse que el proceso electoral favorezca a sus intereses de permanencia indefinida en el poder, según el documento.
Un sistema sofisticado
Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el sistema sofisticado instaurado desde el Gobierno ha contado con diferentes estrategias que “saben cómo combinar” para lograr la desmovilización, la represión y el miedo.
Desde 2014, en un contexto de protestas por derechos sociales, Cepaz ha ido documentado distintos patrones como apertura de procedimientos judiciales, persecución, destitución de cargos, allanamientos irregulares a la propiedad privada, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de las funciones públicas y consentimiento de actos violentos.
Estos patrones de persecución y criminalización se han ido intensificando con el paso de los años y alcanzando no sólo a líderes políticos sino a estudiantes, activistas, miembros de organizaciones no gubernamentales y periodistas.
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Los patrones siguieron evolucionando con la apertura de procedimientos judiciales ante tribunales militares, anulación de pasaportes, persecución a familiares, entre otros.
Además, se incorporó el Tribunal Supremo de Justicia con sentencias progobierno y hubo asedio a la Asamblea Nacional. También fue creada la Asamblea Nacional Constituyente en 2020 consolidando “un nuevo orden institucional en un contexto autoritario”.
Más de 2 mil casos de persecución y criminalización
En años más recientes, desde enero de 2021 hasta marzo de 2024, Cepaz documentó 2 mil 98 casos de persecución y criminalización.
Del total, 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
En estos más de tres años, Cepaz identificó al menos 20 patrones de persecución y criminalización:
- 881 casos de amenazas y hostigamientos.
- 123 despidos injustificados.
- 205 detenciones arbitrarias.
- 49 inhabilitaciones políticas.
- 6 invalidaciones de partidos políticos.
- 66 emisiones de medidas cautelares.
- 3 muertes bajo custodia del Estado.
- 168 procesos judiciales irregulares.
- 2 solicitudes de extradición.
- 31 presos políticos trasladados arbitrariamente.
- 1 asesinato por negligencia del Estado.
- 127 órdenes de aprehensión.
- 2 suspensiones de elecciones universitarias.
- 1 cierre de canal de televisión.
- 28 casos de allanamientos irregulares a viviendas y sedes de trabajo.
- 73 bloqueos de páginas web.
- 104 cierres de emisora de radio.
- 42 cierres de programas de radio.
- 19 emisoras dejaron de funcionar debido a la emergencia humanitaria compleja.
- 167 veces los periodistas fueron impedidos de registrar hechos noticiosos.
El monitoreo de Cepaz reveló que en contextos electorales los casos de persecución y criminalización aumentan.
En 2021, elecciones regionales y municipales, la organización documentó más de 800 casos de persecución y criminalización, mientras que el año siguiente, cuando no hubo comicios, el número de casos se redujo a 523.
En el año 2023, primarias de la oposición, el número de acciones persecutorias aumentó a 614 casos. Mientras que en 2024, elecciones presidenciales, la organización constató un aumento de los actos de persecución, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Solo en el primer trimestre hubo 141 casos.
“A lo largo de 10 años esto ha sido parte de un sistema que se debe desinstalar para que pueda haber paz y justicia en Venezuela”, expresó Borges.
Mecanismos duros y blandos
Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, explicó que durante los últimos años el gobierno ha hecho uso de mecanismos duros y blancos de acuerdo a los contextos para reducir amenazas contra su estabilidad.
Entre los patrones de mecanismos duros, empleados cuando la permanencia en el poder está en riesgo, hubo uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias (205 desde 2021), muertes bajo custodia (13 desde 2015), desapariciones forzadas (17 en primer trimestre de 2024).
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Los mecanismos blandos, indicó Hernández, son tácticas más sutiles e invisibles sin recurrir a violencia física o acciones más severas que buscan controlar, coaccionar y manipular a la población. Son empleados cuando el poder no está amenazado.
La coacción económica, que forma parte de un patrón de control y manipulación de recursos para ejercer presión sobre individuos, puede incluirse entre los mecanismos blandos de represión.
Organismos internacionales
Según la perspectiva de Faisal Yamil Meneses, coordinador legal de Cepaz, durante estos 10 años los organismos internacionales han ejercido un papel activo sobre Venezuela.
La documentación de organismos internacionales, como la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la a Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, revela un patrón persistente de persecución que incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y otras formas de violencia y represión dirigidas contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, y miembros de la sociedad civil.
Estos actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos humanos, sino que también han sido considerados como crímenes de lesa humanidad debido a su naturaleza sistemática y generalizada, según Cepaz.
Meneses y Cepaz hicieron un llamado a los organismos internacionales a que mantengan y fortalezcan sus mandatos de monitoreo, protección e investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
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