La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles un aumento de las represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en la ciudad de Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales "refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017".
La CIDH dijo haber observado "uso arbitrario de la fuerza" que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos. También detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
"Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión", añadió la abogada barbadense.
Clarke destacó así gravísimas violaciones a los derechos humanos, represión rampante, impunidad absoluta y actos de terrorismo de Estado.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que habían convocado la reunión.
Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de países, como Brasil, México o Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas.
Reacciones en la OEA al informe de la CIDH
En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó "que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional".
La representante costarricense, Milagro Martínez, abogó por un "proceso de transición justa y de buena fe" en Venezuela. Abogó por el protagonizado por todas las partes; mientras que el embajador peruano, José Luis Sardón, denunció que en el país caribeño "todo ha sido falseado".
Por su parte, el embajador estadounidense, Frank Mora, dijo que el Gobierno de Maduro y sus representantes "han perpetuado un clima de miedo" que se ha visto "agravado" después del 28 de julio.
"Los Estados Unidos se solidarizan con el pueblo de Venezuela que ha expresado su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas", afirmó, denunciando un "panorama escalofriante del panorama de Derechos Humanos".
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"El régimen está sembrando el terror para silenciar a la ciudadanía y perpetuarse en el poder", añadió Mora.
También tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) de imputación de cargos y órdenes de detención contra "los principales responsables" gubernamentales de Venezuela, incluido Maduro.
"El camino de la justicia internacional es un camino en el que seguiremos insistiendo", advirtió.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó hace dos semanas por consenso una resolución. Les exige a las autoridades venezolanas la publicación "de manera expedita" de las actas de las elecciones.
Venezuela no forma parte de la OEA dado que su Gobierno decidió retirarse del organismo en 2017. Su salida se hizo efectiva en 2019.
Los detalles del informe de la CIDH
Roberta Clarke ofreció detalles de sus hallazgos, que fueron difundidos por el diario El Tiempo, de Bogotá:
Según la funcionaria, algunas de las muertes serían consecuencia de disparos a la nunca o por la espalda. Diez de ellas, por lo menos, atribuibles a las fuerzas del Estado.
La CIDH, dijo Clarke, ha sido informada además de la detención de 1.674 personas detenidas. Son en su mayoría jóvenes de zonas urbanas con mayores índices de pobreza.
La privación de la libertad, sostuvo, se viene registrando de manera selectiva y a través de una estrategia de detención y criminalización contra quienes cuestionan los resultados electorales. Todo ha conducido a cargos ambiguos y sin garantías procesales.
Así mismo Clarke denunció una campaña de censura contra la libertad de prensa y expresión. Incluye una esfera digital con bloqueos a sitios web, redes sociales e intimidación a opositores.
"En relación con las violaciones de la defensa de los derechos humanos, la Comisión está preocupada por las medidas represivas adoptadas por el Estado contra la labor de defensa de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, de nuevo, el acoso, las limitaciones a la libertad de circulación y las restricciones ilegales a la libertad de asociación. En este sentido, hemos recibido información sobre la anulación ilegal de pasaportes de al menos 36 defensores, comunicadores y sus familiares", afirmó la presidenta.
CIDH llama a terminar la criminalización y el terrorismo de Estado
En resumen, las prácticas equivalentes "a un terrorismo de Estado perpetrado por el actual régimen y que no solo están dirigidas a la persecución de actores específicos, sino que, a nuestro juicio, generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana vulnerada. En efecto, estas violaciones equivalen a la negación del derecho a la participación política. Esto en un conflicto de absoluta impunidad", dijo la presidenta.
La democracia y el estado de derecho deben ser restaurados.
Al concluir, Clarke pidió al régimen venezolano suspender de inmediato la ola de represión, liberar a los detenidos injustamente y ofrecer garantías judiciales.
"La democracia y el Estado de derecho deben ser restaurados. Finalmente, la Comisión hace un llamado a los Estados miembros de la OEA a rechazar sin ambigüedades las violaciones a los derechos humanos. También a rechazar los actos de represión que hoy mantienen en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos del pueblo venezolano", puntualizó la funcionaria.
Además, cuestionó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que avaló el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro.
En su intervención, indicó que la sentencia es "cuestionable, fuera de su jurisdicción". Y recordó que es un organismo que según la CIDH carece de autonomía y está controlado por el Ejecutivo venezolano.
Con información de El Tiempo.
