El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, veto este miércoles de forma total una ley elaborada por el Legislativo que buscaba garantizar la entrega automática de recursos a los municipios, prefecturas provinciales y otros órganos de poder locales.
Así lo informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un boletín sobre la decisión del mandatario de vetar totalmente la ley orgánica de reforma para ‘Asegurar la asignación directa y oportuna de recursos’ a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Según el mandatario, el veto obedece a que la normativa pretendía que sea el Banco Central el que directamente pague dichas asignaciones, lo que podría poner en peligro a otros sectores.
«El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el presupuesto general del Estado», señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Además, insistió en que «la iniciativa legislativa pretendía la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales (GAD) desde el Banco Central, en perjuicio de otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación«.
Asimismo, según el Ejecutivo, la propuesta legal de la Asamblea Nacional (Parlamento) podía afectar las finanzas públicas y causar un grave riesgo para la estabilidad económica del país.
El Gobierno de Ecuador tomó acciones en pro de la economía del país
El Gobierno «de manera responsable y ordenada administra y prioriza los recursos que ingresan al Presupuesto General del Estado, respetando la autonomía de los GAD», añadió la fuente.
Varios alcaldes, prefectos y autoridades de las parroquias habían exigido al Gobierno que entregara de manera integral y oportuna a sus entidades los recursos para la ejecución de obras. Además de haber lamentado los retrasos por parte del Ministerio de Economía.
Con ese antecedente, el pleno de la Asamblea aprobó el pasado 7 de mayo la norma, luego de debates en los que se había informado de que la deuda del Gobierno con los GAD ascendía a más de 820 millones de dólares (unos 753,5 millones de euros).
El Legislativo ecuatoriano, tras el veto, podrá volver a tratar dicha norma en el plazo de un año y, transcurrido ese periodo, puede incluso ratificarla con el apoyo de los dos tercios del pleno, integrado por 237 escaños.
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