Organizaciones sociales de las Américas exigieron este miércoles a la OEA enfrentar a los regímenes autoritarios de la región, a frenar la persecución, encarcelamiento de opositores y líderes sociales y a garantizar los derechos de los migrantes y de las mujeres.
Treinta y cuatro voceros, en representación de cerca de 450 líderes sociales del continente, intervinieron en el diálogo entre la sociedad civil con los jefes de delegación y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de la 54 Asamblea General del organismo.
Desde el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, Nahuel Placanica pidió a los países asegurar la protección de los derechos colectivos de los trabajadores quienes, según dijo, soportan persecución, incluso asesinato, y campañas de criminalización de su legítimo derecho a la huelga.
Otras organizaciones, como la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, expresaron su preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática y el avance del autoritarismo.
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En esa línea, el paraguayo Dante Leguizamón llamó la atención por la aplicación de políticas de seguridad “regresivas” con la prolongación de regímenes de excepción en El Salvador y Ecuador, así como la militarización de la seguridad en México.
Por su parte, Nicole Hernández, del Centro de Justicia y Paz, demandó a la OEA garantizar unas elecciones «libres y justas» en Venezuela, donde, a su juicio, prevalece una situación de represión a la oposición.
Denunció que, en pleno año electoral, se han registrado 32 “detenciones arbitrarias” a líderes sociales y políticos y 17 desapariciones forzadas.
Preocupación por la inseguridad y los migrantes
Los voceros de la sociedad civil coincidieron que la escalada de la inseguridad en la región constituye una afrenta a la democracia y pone en riesgo los derechos humanos de comunidades históricamente relegadas y de miles de migrantes que se exponen al tráfico ilegal de personas, a violencia extrema y desapariciones.
En ese sentido, Cristian Badillo, de la Coalición Construyendo Nuevos Horizontes, propuso la creación de un banco de identidad genética que permita a las familias identificar a sus desaparecidos.
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Igualmente, Luis Carlos Rodríguez, de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, exigió mejorar y fortalecer los sistemas nacionales de refugio y asilo y que los países «se abstengan del uso de discursos y políticas securitaristas y restrictivas en fronteras».
Violencia contra las mujeres
Otras agrupaciones, como Synergia-Initiatives for Human Rights, en la voz de Mirta Moragas, exigió a los Estados proteger a las niñas de «maternidades impuestas» y el acceso insuficiente a la anticoncepción, servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva para las mujeres.
Por otro lado, Juan Pablo Pezzetta de Asociación Civil Abogados por la Vida – Santa Fe, cuestionó que la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) supuestamente aplique un “sesgo ideológico” y “selectivismo judicial” al priorizar casos sobre la despenalización del aborto o reivindicaciones de la comunidad LGTBI y no atienda a prioridades como la pobreza o la inseguridad.
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