Este pueblo indígena casi extinto del Amazonas venezolano tuvo que abandonar sus tierras ancestrales para poner las aguas del Orinoco entre sus jóvenes y los reclutadores de la subversión colombiana. Pero el desplazamiento no les garantiza nada, excepto el deterioro de sus ya pobres condiciones de vida, frente a las tentaciones de las armas y el narcotráfico.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Dos antiguas perlas del Caribe muy venidas a menos, Cuba y Margarita, han quedado conectadas desde el año pasado por una ruta ‘turística’ que un grupo de funcionarios diseñó para exprimir los ahorros de los emprendedores de la más grande de las Antillas. Cazadores de gangas que solo se dejan ver en hoteles del Estado chavista y en tarantines del decaído Puerto Libre, arrastran consigo maletas que apenas logran llenar para la reventa, así como algunos intentos de fuga y la vigilancia de los espías del castrismo.
Las propiedades inmobiliarias de lujo en el mercado francés han atraído durante mucho tiempo fondos ilícitos de todo el mundo. Un proyecto multinacional con bases de datos permitió rastrear en París y la isla caribeña de San Bartolomé inmuebles millonarios a nombre de la familia política del cuestionado diputado y exministro Haiman El Troudi, y del operador financiero Luis Oberto, respectivamente, como muestras de ese propósito de blanqueo de capitales con ‘savoir faire’.
La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso, su relato de éxito como empresario del agro se tambalea, sostenido apenas sobre deudas y generosas asignaciones públicas.
Redvital pareció surgir casi de la nada, a pesar de que reivindica 40 años de historia. Al irrumpir en el mercado en 2021 se proclamó sin ambages como la “farmacia más grande de Latinoamérica”, y para cumplir esa autoprofecía ha terminado por devorarse a la franquicia holandesa que por tres décadas fue la cadena mayorista más importante del país. ¿De dónde sacaron los dueños venezolano-palestinos de ese emprendimiento el músculo financiero suficiente para quedarse con Makro? De un suplemento de dólares de Cadivi.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
Una revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano mostró que se acordaron, al menos, 19 proyectos de transporte, de los que uno, el de una fábrica de autobuses en el estado Yaracuy que produciría 3600 vehículos al año y sería “la más grande de América Latina”, se volvió sumidero para más de 400 millones de dólares. Apenas se completó una fase en un galpón que hoy sirve prácticamente como un taller mecánico.
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
'Proyecto Rafael' es una investigación colaborativa e internacional que saca a la luz grandes hallazgos sobre el impacto medioambiental y sanitario de varias empresas mineras del Estado de Córdoba, en Colombia, además de un sistema de favoritismo masivo y de una probable malversación de millones de dólares de contratos públicos, que el periodista colombiano Rafael Moreno había investigado de cerca antes de ser asesinado en octubre de 2022.
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
Seis meses después del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por Forbidden Stories han reanudado sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Una práctica que podría implicar varios millones de euros.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de crudo en una coyuntura de crisis diplomática y energética, optó deliberadamente por dejar sin pago más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, monto al que definió como “un regalo del pueblo venezolano”. Y Caracas dejó eso así.
No solo el círculo de influencia y contactos en torno al defenestrado zar de la industria petrolera, Tareck El Aissami, le debe millones de dólares a Pdvsa. Nuevos documentos muestran que entre sus muchos ‘traders’ en mora también se encuentra la dupla de empresarios colombianos, con un monto que asciende a los 1.500 millones de dólares. Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Saab se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. La justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio.
Aunque el destino final sea Estados Unidos, la de México es la etapa más desafiante del itinerario para los migrantes. Allí, tras sobrevivir al tránsito por caminos peligrosos de otros cinco países, se enfrentan al fraude, la extorsión, la violencia sexual, las coimas, la burocracia y, como se vio hace una semana en Ciudad Juárez, a la muerte. Y eso es para los afortunados. Porque los más desgraciados no pasan de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala. En 2022, México triplicó el número de deportaciones de venezolanos, a los que no ahorra maltratos. Esta es la historia de algunos de esos que fueron devueltos en un mismo lote.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
