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Desde la propia inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), Venezuela está presente y con un objetivo muy concreto: unirse a las voces que piden un mayor financiamiento climático para asumir las tareas de mitigación y adaptación.

Apenas minutos después de aterrizar en Egipto, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar de acuerdo con la propuesta de los fondos de financiamiento “sobre todo para las tareas de mitigación en los países del sur y para que los que estén contaminando, hoy por hoy, paguen”, como dijo en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

La asistencia de Maduro y su objetivo en la COP27 ya habían sido adelantados en la reciente visita a Caracas del presidente colombiano, Gustavo Petro, cuando ambos mandatarios hablaron de un acuerdo para la defensa de la Amazonía y su búsqueda de financiamiento para esta tarea.

Esta petición también será acompañada por Luiz Inácio Lula da Silva, quien acaba de ser electo como presidente de Brasil para un mandato entre 2023 y 2027, y quien también nombró a la defensa del Amazonas como parte central de su programa de gobierno.

Maduro y Petro serán parte de los mandatarios que tendrán sus discursos durante la primera semana de la COP27, en donde participarán representantes de 197 países. El evento se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, que es conocida globalmente por sus resorts de playa de lujo.

La meta es lograr que los países más desarrollados puedan contribuir con dinero fresco para evitar la deforestación en la selva amazónica, que es compartida entre 9 países diferentes en América del Sur: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y, por supuesto, Venezuela.

El financiamiento climático de 100.000 millones de dólares

La asistencia de Maduro a la COP27 no solo se convierte en una oportunidad política  de volver a los circuitos internacionales, sino que también es un momento único para tratar de encontrar financiamiento fresco bajo el paraguas de una nueva causa: el cambio climático.

Después de que Venezuela dejara de cancelar el capital y los intereses de la deuda internacional y Maduro y distintas figuras de su administración fueran sancionadas por los Estados Unidos en 2017, las posibilidades de conseguir un apoyo financiero de grandes bancos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF) quedaron cerradas.

La COP27 es, entonces, una nueva oportunidad para que Venezuela haga contactos y entre en el listado de países que recibirán financiamiento climático de ese gran fondo de 100.000 millones de dólares, que los países desarrollados acordaron alimentar hace 13 años atrás.

El compromiso de este fondo climático se estableció en la COP15 celebrada en Copenhague en el año 2009, una conferencia de las partes en la que participó el fallecido Hugo Chávez, pero que hasta ahora no alcanzó su objetivo.  

El financiamiento climático, de hecho, es uno de los corazones más importantes de lo que los grupos ambientalistas como Fridays for Future (Viernes por el Futuro, por su nombre en español) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) insisten en que tiene que resolverse durante esta conferencia.

La meta es que los países desarrollados y otras grandes organizaciones globales pongan el dinero sobre la mesa y comience el complejo proceso de decidir cuáles son los proyectos y los países que recibirán los fondos climáticos para mitigar efectos como las inundaciones ocurridas por las fuertes lluvias en Tailandia o en puntos más cercanos como Las Tejerías en Aragua.  

Al igual que sucede con otras materias, Venezuela tiene manchas en su expediente que resolver antes de conseguir el financiamiento climático. La deforestación promovida en el Arco Minero del Orinoco y el plan de buscarse socios internacionales para darle más protagonismo a la Faja Petrolífera del Orinoco son parte de los obstáculos que puede encontrar en el camino.

Un análisis hecho a partir de los sensores remotos de Global Forest Watch mostró, por ejemplo, que Venezuela es el país amazónico que más rápido avanzó en la pérdida de bosques naturales sin ninguna intervención humana. Se perdieron 48.978 hectáreas anuales entre 2016 y 2021, lo que supone casi el triple de los bosques naturales deforestados entre 2001 y 2015, cuando el promedio fue de 18.180 hectáreas por año, como lo reportó Clima 21.

Ahora falta ver qué puede lograr la administración de Nicolás Maduro en este escenario global de la COP27 y si efectivamente Venezuela conseguirá algún apoyo financiero para tareas tan importantes como preparar a los agricultores para enfrentarse a un menor rendimiento de sus cosechas o para adaptar a las ciudades de la costa al aumento del nivel del mar en los próximos años.

Foto principal: Siwi