- La Ley contra los delitos relacionados contra el odio se aprobó en 2017
- Hasta 2023 al menos 83 venezolanos fueron víctimas de la aplicación de esta marco legal
- Opositores y organizaciones denunciaron que la Ley quiere callar a la disidencia
Una publicación, burlarse del gobierno o una simple hacer crítica al poder en Venezuela se podría pagar con cárcel. La polémica Ley Contra el Odio, promulgada en 2017, se ha utilizado reiteradas veces para callar y encarcelar a la disidencia política con la excusa de evitar la propagación de mensajes que inciten al odio.
La llamada Ley Contra los Delitos de Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, se discutió y aprobó por unanimidad en la extinta Asamblea Nacional Constituyente, creada por el chavismo, en noviembre de 2017. La ANC fue electa sin participación de la oposición, y la entonces empresa encargada de suministrar las máquinas de votación, Smartmatic, aseguró que los datos de participación presentados por el Consejo Nacional Electoral habían sido inflados en «al menos en un millón de votos».
Mediante nuestro chatbot, la Tía de WhatsApp, creado para contrarrestar los efectos del fenómeno de la desinformación y al cual te puedes unir aquí, nos han llegado varias peticiones para verificar publicaciones en redes sociales que podrían, o no, incurrir en delitos de odio.
Es por eso que Cocuyo Chequea decidió crear un explicador para detallar cómo funciona la cuestionada regulación contra lo que el sistema de justicia en Venezuela, consideran delitos contra el odio.
¿Qué es el odio?
De acuerdo a la Ley, su objeto es «prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia» mientras que establece que las familias, la sociedad y el Estado tienen el deber de «promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria».
No es hasta el capítulo 13 que señala que Se prohíbe «toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia».
Al respecto, distintos colectivos de defensa de derechos de las personas LGBTIQ+ han rechazado varias declaraciones del Fiscal General, Tarek W. Saab, electo por la misma ANC de 2017, quien ha calificado a las personas trans como «aberraciones humanas», asociándolos con una presunta agenda con la intención de legalizar la pedofilia, usando conocidos argumentos desinformadores.
Una investigación de C-Informa, de la cual Cocuyo Chequea hizo parte, reveló que además de Saab, quien de forma reiterada ha desinformado y atacado a colectivos sexodiversos a través de distintas entrevistas en televisión y podcasts, también otros voceros religiosos y de grupos opositores lo han hecho abiertamente, usando argumentos pseudo-científicos, contenido estigmatizante y narrativas de odio, sin que se abra investigación, se responsabilice a los difusores o incluso se discuta en los mismos medios.
La ley contra el odio y sus penas
Es una ley consignada por el gobernante Nicolás Maduro el 10 de agosto de 2017 ante la ahora extinta ANC. “Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente”, dijo Maduro al consignar el entonces proyecto ante los constituyentes.
El artículo 21 de esta Ley establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien, según la justicia venezolana, incite o cometa delitos de odio, discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, lo que incluye la publicación en redes sociales.
La ley sanciona con 8 a 10 años de prisión, a los funcionarios que se abstengan, omitan o retarden su intervención para evitar la consumación de un delito de odio. El mismo tiempo en la cárcel podrían pasar los miembros del personal de salud que se nieguen a atender a una persona por razones de odio.
En noviembre de 2017, la ONG Acceso a la Justicia, señaló en un artículo publicado en su portal web que esta regulación no es una ley porque no fue dictada por la Asamblea Nacional, que es el órgano reconocido por la Constitución, pero esta advertencia no fue escuchada, y este 2024, se sigue implementando la cuestionada regulación.
Acceso a la Justicia también considera esta Ley como inconstitucional porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, como la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
Más sobre la ley
Los medios de comunicación no están exentos de esta Ley. Si se le llegase a aplicar la regulación porque la justicia venezolana considere que los prestadores de servicio de radio o televisión promuevan el odio o propaganda de guerra, al medio de comunicación se le pudiera revocar la concesión. En el artículo 14, se establece que hay una responsabilidad no sólo de los usuarios sino de las empresas que administran redes sociales, de evitar y eliminar el contenido de odio.
Otro de los artículos cuestionados de esta Ley es el 11, que establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la obligación de revocar la inscripción de aquellas organizaciones políticas que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio en cualquiera de sus formas e incluso prohibir los partidos que incluyan en sus postulados cualquier forma de odio, discriminación o intolerancia.
Este artículo establece que los partidos políticos deben incluir en sus normas disciplinarias medidas como la suspensión preventiva y la expulsión de aquellos miembros que contravengan la ley.
83 afectados hasta 2023
Para junio de 2023, Espacio Público, una ONG que monitorea la libertad de expresión, informó que al menos 83 venezolanos han sido afectados por la Ley del Odio. Entre los casos más notables se encuentra el de Nicmer Evans, un politólogo y director del medio digital Punto de Corte. Evans fue arrestado en julio de 2020, acusado de “promoción o incitación al odio” debido a un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X. Aunque fue liberado tres meses después, su caso subraya cómo esta ley se ha utilizado para reprimir la disidencia en Venezuela.
Entre los afectados destacan 30 casos de particulares, trabajadores(as) públicos (17), periodistas y reporteros (16) y miembros de ONG (8), como las personas más representativas a quienes les imputan este tipo de cargos, los someten a procesos judiciales y en muchos casos enfrentan penas de cárcel.
En un informe del año 2018, la ONG dijo que esta ley se empleaba para censurar las críticas a la coalición gobernante.
Los primeros imputados por la Ley en Venezuela
La Ley Contra el Odio tuvo su primera aplicación el 8 de enero de 2019 en el estado Carabobo, contra dos ciudadanos que fueron detenidos durante una protesta vecinal en Naguanagua. Ronald Cevilla Güemes, de 25 años, y Érika Palacios Alfonso, de 44, fueron arrestados bajo los cargos de obstaculización de la vía pública, instigación pública y detentación de sustancias incendiarias, según lo estipulado en el Código Penal. Además, se les imputó el delito de instigación al odio, bajo la nueva ley.
Luis Armando Betancourt, quien en ese momento ejercía como defensor de los detenidos y coordinador del Foro Penal en Carabobo, declaró a medios regionales que la imputación de sus clientes se basó principalmente en los testimonios de funcionarios policiales. Según estos testimonios, los detenidos habrían expresado mensajes en contra del presidente Nicolás Maduro, lo que fue interpretado como instigación al odio.
En marzo de 2020, dos dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes Jhohann Lobo y Michael Labrador participaron en un programa de la Televisora Andina de Mérida. En esa entrevista denunciaron la problemática del transporte en la ciudad y llamaron a los estudiantes de la ULA a una concentración en la Plaza Bolívar para protestar.
Días después de la emisión del programa ya estaban imputados, de acuerdo con la ONG Foro Penal, por incitación al odio agravado, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego.
En 2021, José Pérez, fue detenido tras criticar en sus redes sociales al cantante Omar Enrique, a quien se conoce por sus simpatías hacia el mandatario Nicolás Maduro.
El arresto de Pérez, lo hicieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detalló Espacio Público en un comunicado.
Pérez publicó un video en la red social TikTok en el que cuestionaba “los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de este con el chavismo”.
De la Ley del Odio al fascismo
Además de la Ley Contra el Odio, la Asamblea Nacional de mayoría chavista, aprobó en primera discusión, el pasado mes de abril de 2024, una Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, en la que se podría disolver organizaciones con fines políticos, inhabilitaciones, impugnar candidaturas, prohibir reuniones, manifestaciones y mensajes por medios radioeléctricos y redes sociales, que según su criterio promuevan los delitos relacionados al fascismo.
La oposición, los defensores de derechos humanos y abogados señalan que esto profundizará el patrón de represión en Venezuela. En un artículo publicado por Efecto Cocuyo, el abogado y experto en derecho internacional Simón Gómez Guaimara, señala que esta Ley como está concebida desmonta la institucionalidad en Venezuela.
“Consolida el estado autoritario con visos totalitarios, niega el sistema de garantías y derechos previstos en la Constitución y amenaza con permitir la existencia de un solo partido político porque busca extinguir la disidencia política”, alertó en esa oportunidad.
El capítulo 4 de la Ley aborda las sanciones penales para quienes infrinjan sus disposiciones. Según el artículo 22, quienes invoquen, promuevan o ejecuten acciones violentas podrían enfrentar penas de prisión de 8 a 12 años, junto con la inhabilitación política durante el tiempo que dure la condena.
Para quienes establezcan organizaciones sociales o políticas que promuevan el fascismo, el neofascismo, o similares, así como para quienes organicen reuniones públicas o manifestaciones con esos fines, la ley contempla una pena de prisión de 6 a 10 años, además de la correspondiente inhabilitación política.
Por otro lado, las sanciones administrativas no se limitan a los medios de comunicación, sino que también afectan a quienes financien organizaciones sociales o políticas que las autoridades consideren promueven o ejecutan actos fascistas. Las multas previstas para estos casos van de 50.000 a 100.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, de acuerdo con lo estipulado por el BCV (artículo 27).
Antecedentes mundiales
En Europa tenemos antecedentes de quienes han sido condenados por la justicia por mensajes de odio o narrativas estigmatizantes en redes sociales. En España, fue condenado en enero de 2017 a un año de cárcel el músico César Augusto Montaña Lehmann, más conocido como César Strawberry y cantante de la banda de metal DefCon2 por una serie de tuits en que se mofaba de políticos que habían sido asesinados por medios de carros bomba y otras técnicas terroristas.
Después de obtener absolución en los tribunales, que consideró que el humor negro expresado era parte de su faceta artística, el fiscal acudió al Tribunal Supremo, que en segunda instancia le dio la razón al abogado. Además del tiempo en prisión, la condena sumó seis años y medio de inhabilitación absoluta por “enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas de ETA y de los GRAPO”. Esto por una serie de tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero 2014.
En el texto de la sentencia, el Tribunal Supremo español detalló que consideró que las publicaciones del cantante «alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano» como reportó en su momento El Confidencial de España.
Prevenir odio contra personas trans en Reino Unido
Esto abrió un debate sobre los límites y alcances de la libertad de expresión, que en abril de 2024 tuvo un nuevo capítulo en Reino Unido, cuando el gobierno autónomo de Escocia, liderado por el Partido Nacionalista Escocés, promulgó una ley que prohíbe incitar al odio por motivos de edad, discapacidad, religión, orientación sexual o identidad transexual, llevando a que la Policía recibiera más de 7 mil denuncias sólo en la primera semana, así como una respuesta de partidarios de la extrema derecha, con otro tanto de falsas denuncias.
Esto pone en el ojo del huracán a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, conocida por repetidamente usar su cuenta de X para atacar a las mujeres trans, que se ha opuesto a la legislación por los peligros de coartar la libertad de expresión, aunque la policía ha dicho que el umbral criminal para su aplicación no es para sátiras o chistes. “La prueba es que tiene que ser amenazante o abusivo para alguien, o tiene que causarle miedo o alarma”, dijo Nick McKerrell, catedrático de Derecho de la Glasgow Caledonian University, recogió La Nación de Argentina.
Además, los recientes disturbios raciales en Gran Bretaña se impulsaron con un bulo, esparcido especialmente por dos influenciadores de la extrema derecha, solicitados por delitos de odio y tráfico de personas, y que apuntó a que el autor del asesinato de las tres niñas en Southport era un hombre musulmán que había llegado al país de forma irregular aunque fue realmente un joven nacido en Gales, de padres ruandeses, de 17 años, entre otras narrativas falsas, como enumeran en Maldito Bulo. En ambos casos, contra la ley en Escocia y en las mentiras distribuidas por extremistas digitales, Elon Musk ha dado su apoyo digital.
Tras los disturbios raciales en Reino Unido, hasta el 10 de agosto de 2024, dos personas han sido condenadas, una a 20 meses de cárcel y otra a 3 años y medio, por incitar al odio racial en Internet, al invitar a quemar hoteles donde se hospedan asilados y refugiados. Uno de ellos admitió que lo hizo motivado a «incitar al odio racial».
Conclusión
No te sorprendas si en los próximos días se vuelve a viralizar desinformación sobre Venezuela, pero recuerda que la Tía de WhatsApp está a tu disposición para verificar estos contenidos políticos.