“Mostrar las actas”. La frase ha unido a personas con pensamientos políticos disímiles. Se trata de la necesidad de que los resultados electorales de los comicios presidenciales en Venezuela, anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, tengan un sustento verificable y no queden como escritos “en una servilleta”.
Pasada las 12 de la noche, inicio del 29 de julio, Amoroso anunció unos resultados electorales que dieron como triunfador a Nicolás Maduro, con un supuesto 80% de las actas transmitidas. Pero hay serias dudas.
Enrique Márquez, candidato del partido Centrados, reveló que él tenía su testigo en la sala de totalización y que los números de Amoroso no salieron de allí.
Han solicitado que se muestren las actas, aparte de la oposición, diversos gobiernos del mundo, observadores internacionales, incluyendo los expresidentes Ernesto Samper y Leonel Fernández –aliados de Maduro-. El abogado Hermánn Escarrá y el embajador de Venezuela, en México, Francisco Arias Cárdenas, también han enviado mensajes sobre la necesidad de transparencia.
¿Qué pasó con las actas?
De acuerdo con el reglamento de la Ley de Procesos Electorales (Lopre), luego de votar la última persona en cada mesa, se procedía a colocar en el cuaderno de votación el sello “no votó” en el espacio correspondiente de los electores que no participaron. Entonces se daba paso al proceso de escrutinio con la emisión de las actas correspondientes.
Según el artículo 337 del reglamento, el primer ejemplar que se imprime es el que va al Consejo Nacional Electoral, luego se imprimen otras copias para el presidente y el secretario de la mesa y para los testigos de los tres candidatos más votados.
La transmisión automática de los resultados solo puede hacerse luego de impreso el primer ejemplar, por lo que transmisión e impresión de actas son procesos independientes.
El periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, explica que “el acta original va en el llamado sobre número uno, que se guarda con el material electoral, las máquinas y las memorias removibles”.
Este sobre –explicó- “se lleva a las sedes regionales del CNE y de allí se traslada a Caracas”. Quien se encarga de la custodia y el traslado del material es el Plan República (la Fuerza Armada).
De acuerdo con el cronograma electoral, publicado en la Gaceta Electoral número 46 del 6 de marzo de 2024, el repliegue y desensamblaje del material electoral debió realizarse entre el 29 de julio y el 8 de agosto pasado.
Es decir, ya el CNE debería tener en sus depósitos en Caracas el 100% de las actas de escrutinio correspondientes a las 30.026 mesas electorales, así como el resto del material.
Todo el material electoral, de acuerdo con la Lopre, que no sea sometido a una impugnación debe preservarse por lo menos durante seis meses. Además, las actas están contenidas en las memorias removibles de cada mesa electoral, que también están en poder del ente electoral.
Ahora bien, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, al atender al recurso contencioso introducido por Nicolás Maduro, exigió –en una inusual medida- a todas las partes llevar las actas electorales con que contarán para cotejarlas y “certificar” la elección, como lo solicitó el propio gobernante.
Se desconoce si el CNE llevó al alto tribunal las actas en físico, a través de soportes de memoria o no las presentó. Entonces, las actas tienen que estar en poder del CNE, a menos que haya entregado los originales al TSJ.
No obstante, es un hecho público que el comando de Edmundo González publicó más del 80% de sus actas en un sitio de Internet a horas de realizarse los comicios, lo que aún no ha ejecutado el Poder Electoral, a pesar de que debía hacerlo en su portal web a más tardar el 2 de agosto (según el cronograma), pero continúa alegando un jaqueo electrónico como la razón del impedimento.
Tanto el Centro Carter, el panel de Expertos de la ONU y medios independientes como The Washington Post y la agencia AP, revisaron las actas de escrutinio – o de una muestra de ellas- colgadas por la oposición y han coincidido en su veracidad al contar con todos los elementos de seguridad previstos.
Este contenido se ha realizado en colaboración con el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y con el apoyo de la alianza global CIVICUS en el marco de la Iniciativa de Democracia Digital (DDI).