Los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay también emitieron comunicados para rechazar el asedio a la Embajada de Argentina en Venezuela por parte de organismos de seguridad del Estado y la revocatoria de Miraflores a Brasil de la custodia que ejerce en el recinto diplomático desde el 1 de agosto.
“Esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina, a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas en este momento de un asedio permanente de parte de las fuerzas de seguridad del régimen”, expresó el gobierno del uruguayo Luis Lacalle Pou.
Por su parte, la Cancillería chilena advirtió que las acciones emprendidas por el gobierno de Nicolás Maduro es un “serio desconocimiento” de lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Entre tanto, el gobierno de Santiago Peña de Paraguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, criticó a Maduro por tomar la decisión de revocar la custodia a Brasil de manera unilateral y lo conminó a respetar las normas internacionales.
Misiones expulsadas
Junto a la misión diplomática argentina, el gobierno de Maduro expulsó en agosto a la representación de Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana, Panamá y Costa Rica por desconocer la reelección de Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin publicar los resultados mesa por mesa y sin permitir auditorías para certificar la validez de los números que atribuyen una victoria al gobernante venezolano con 51% de la votación.
La expulsión de la representación argentina trajo como consecuencia que Brasil asumiera la custodia de la sede diplomática en Caracas, en acuerdo con Argentina y Miraflores, para resguardar a los seis miembros de Vente Venezuela, organización que lidera María Corina Machado, que están en condición de refugiados debido a la persecución del poder político en Miraflores.
Sobre Magallí Meda, jefa del comando de campaña de Machado; Claudia Macero, su jefa de comunicaciones; Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del partido; el exdiputado y coordinador de campaña por el estado Anzoátegui, Omar Moreno González; así como Humberto Villalobos, coordinador electoral y Fernando Martínez Mottola, asesor de Machado, pesa una orden de captura solicitada por la Fiscalía desde marzo, por supuestos planes para desestabilizar al gobierno de Maduro que hoy también los señala de trazar planes para atentar contra la vida del gobernante y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.