Un total de 82 ONG exigieron la liberación de la abogada y activista Rocío San Miguel, a quien las autoridades apresaron el pasado 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas.
En un comunicado denunciaron la desaparición forzada que vivió durante cuatro días, la negativa de las autoridades de trasladarla a tribunales para que tenga acceso a defensores privados y otras irregularidades que «constituyen una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso, juicio justo y a la libertad de expresión».
Alertaron que este tipo de hechos constituyen también «implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela. La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana».
Dijeron que la detención de San Miguel solo pretende «busca debilitar la lucha por la justicia y la igualdad en Venezuela», especialmente cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos.
San Miguel preside la ONG Control Ciudadano, que se dedica a temas de seguridad nacional y militares en el país. Su arresto lo justificó el Ministerio Público al implicarla en un supuesto plan que buscaba atentar contra la vida del mandatario Nicolás Maduro y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.
Tanto el gobierno como la Fiscalía General de la República bautizaron a este presunto complot, en el que participarían civiles y militares, como «brazalete blanco».
Qué exigen las ONG junto a la liberación de San Miguel
Las ONG hicieron tres exigencias en su comunicado:
- La inmediata liberación de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, todas las personas presas políticas y personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Venezuela.
- Que se garanticen los derechos constitucionales de Rocío San Miguel, y que tenga acceso inmediato y sin restricciones a la representación legal de su elección, en respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.
- La adopción de medidas efectivas por parte del Estado venezolano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a las mujeres defensoras, contra la violencia y la discriminación de género.
También llamaron a la comunidad internacional a que hagan presión diplomática para lograr la liberación de San Miguel y los demás defensores de derechos humanos en el país.