Al menos 63 incidentes de seguridad y ataques hacia defensores y organizaciones de derechos humanos se registraron a nivel nacional durante abril de 2024, de acuerdo con el último balance del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
La organización documentó 37 casos de estigmatización, 14 de intimidación y hostigamiento, 11 amenazas y una judicialización. Su informe mensual arroja que el amedrentamiento, la descalificación y el descrédito no han cesado y que más bien persisten estas y otras acciones para obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y activistas en el país.
«Los actos de intimidación y hostigamiento y las amenazas se producen en un entorno de violencia institucional que busca a través del miedo neutralizar a la sociedad civil», apuntó el CDJ.
Agregó que 44 de los ataques (70 %) estuvieron dirigidos a ONG y 19 (30 %) contra personas defensoras de derechos.
«Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por la continuación del hostigamiento judicial y la judicialización de los defensores FundaRedes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona, Omar de Dios García; y la defensora Rocío San Miguel«, indica el documento.
Quienes fueron los responsables
«Los actos de intimidación y el hostigamiento judicial persistieron durante el mes. Estos hechos fueron efectuados no solo de parte de altos funcionarios en medios públicos, sino también de funcionarios de seguridad ejerciendo labores de vigilancia a defensores y organizaciones específicas», continúa el informe del CDJ.
Los resultados señalan que en 49 % de los casos de agresiones fueron responsabilidad de los medios de comunicación asociados al gobierno de Nicolás Maduro. Además, 24 % de las irregularidades fueron cometidas por funcionarios públicos, 13 % por instituciones públicas y 3 % por organismos de seguridad.
Sobre el papel de los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado, el CDJ aseguró que los discursos estigmatizantes fueron reiterados durante el mes de abril y que la narrativa se basó en acusaciones sin fundamento hacia activistas y asociaciones, relacionadas a «actividades ilícitas y dirigidas a desestabilizar el país».
«En este sentido, los principales medios responsables por estos hechos son: Misión Verdad, Correo del Orinoco La Hojilla, Con el Mazo Dando y Zurda Konducta», apuntó la ONG.
El hostigamiento en contexto electoral
Finalmente, el CDJ reiteró que defender derechos humanos es «un derecho y una actividad legitima y necesaria para la recuperación de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho».
Recordó también las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio de este año, y denunció que en este contexto electoral la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo.
De igual forma, reportó que las organizaciones y personas defensoras deben desarrollar sus actividades enfrentándose a un entorno cada vez más hostil y restrictivo y exigió el cese de las acciones de criminalización y control social por parte de las autoridades gubernamentales.
«Reiteramos nuestra preocupación ante el uso reiterado del sistema de justicia para criminalizar y perseguir haciendo uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo para a iniciar y mantener activos procesos penales arbitrarios, contrariando las debidas garantías judiciales y el debido proceso legal», puntualizó el Centro de Defensores.