Representantes de diversas organizaciones civiles comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) este jueves 29 de febrero para denunciar el recrudecimiento de la persecución y criminalización de los trabajadores de organizaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En una Audiencia Pública sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, representantes de Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y FundaRedes alertaron sobre la ola de persecución desatada tras la activación del plan «furia bolivariana» implementado por el gobierno de Maduro.
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares.
Durante el 189 período de sesiones de la Cidh, Diamanti relató que la presidenta de la ONG Control Ciudadano se encuentra detenida en El Helicoide, que lo describió como «el centro de tortura más grande de Latinoamérica», donde aún no se permite el acceso de abogados y familiares.
Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, explicó que la detención de San Miguel y cinco de sus familiares, de los que aún uno está detenido e imputado, pone de manifiesto la grave situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Dávila denunció que el plan «furia bolivariana» es una forma de «castigo ejemplarizante» de la administración chavista contra quienes luchan por el respeto a los derechos humanos en el país.
«Este plan no solo afectó a Rocío San Miguel, sino a toda su familia. Terminaron desaparecidos, detenidos arbitrariamente y, a 20 días de su arresto, aún se le niega el acceso a la defensa y a sus abogados de confianza», declaró Dávila.
Diamanti manifestó que los defensores de derechos humanos en Venezuela son víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, persecución de familiares y amigos, y enfrentan procesos penales irregulares con evidencias falsas.
Clara Ramírez, directora de FundaRedes, cuestionó la efectividad de las medidas cautelares otorgadas por la Cidh a defensores de DD.HH., citando el caso de Javier Tarazona, quien fue detenido a pesar de contar con dicha protección internacional.
Osvaldo Cáceres, representante de FundaRedes, denunció las torturas físicas y psicológicas sufridas por Tarazona, incluyendo el suministro de sustancias estupefacientes, asfixia mecánica y maltrato físico a pesar de sus problemas de circulación.
Los voceros exigieron el cese de la persecución, los ataques y la criminalización contra las organizaciones civiles y sus trabajadores, llamando a la solidaridad internacional para la liberación de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y demás presos políticos.