La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó por unanimidad continuar el proceso contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se conoce como el caso Venezuela I, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Este viernes 1 de marzo los cinco magistrados de esta sala rechazaron de forma unánime los seis argumentos del Estado venezolano que quería impedir continuara el proceso que el 27 de junio de 2023 aprobó la Sala de Cuestiones Preliminares a petición de la Fiscalía de la CPI.
Aunque el gobierno cuestionó la decisión y sus diferentes voceros, desde la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, hasta el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, criticaron la sentencia, el proceso que se inició como una averiguación preliminar en 2018 continuará su curso.
Qué hará la Fiscalía de la CPI
La ONG Defiende Venezuela explica que ahora la Fiscalía de la CPI tendrá entre sus posibilidades:
«El alcance temporal de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, la Fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad».
Los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en el país o son objeto de investigación son tortura, persecución, detenciones arbitrarias y violencia sexual, que los contempla el Estatuto de Roma, la carta fundamental de la CPI y que Venezuela ratificó a principios de este siglo bajo el gobierno de Hugo Chávez.
El actual fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció desde Miraflores -en noviembre de 2021- que daba por concluida la investigación preliminar. Junto a Nicolás Maduro, con el que firmó un memorando de entendimiento para establecer una oficina de la fiscalía en Caracas, esperaba continuar el proceso.
El 21 de abril de 2022, el gobierno pidió a la Fiscalía inhibirse del proceso, con la intención de retrasar la solicitud para que continuara la investigación. Sin embargo, el 1 de noviembre de ese año, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares continuar el proceso.
Ante los señalamientos de que la Fiscalía «violó el debido proceso» y de estar relacionada con ONG de derechos humanos, la Sala de Cuestiones Preliminares pidió a las víctimas venezolanas testimonios.
Más de 8 mil testimonios
En total, esta instancia recibió 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El 27 de junio de 2023, la Sala autorizó a la Fiscalía a continuar la investigación, pero de nuevo Miraflores apeló esta decisión. En noviembre hubo una audiencia inédita en la que se escuchó a la representación del Estado, a las víctimas por medio de la oficina de la CPI para este fin y a la Fiscalía.
En esa audiencia pública, el gobierno admitió que de los casos investigados gran parte de ellos estaban en fase preliminar.
La Fiscalía de la CPI aseguró que de los 62 casos que reportó el Gobierno de Nicolás Maduro ante la CPI, 47 de ellos no identifican a los perpetradores, por ejemplo.
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Investigaciones aisladas
Ahora con la sentencia de la Sala de Apelaciones, la ONG Defiende Venezuela destaca que «el hecho de que Venezuela realice algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango y sin que se tomen en cuenta los elementos contextuales, al menos en las alegaciones de hecho, no satisface los intereses que deben ser tutelados ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad».
Este fue uno de los puntos que tomó en cuenta esta instancia, como ya lo había advertido la Sala de Cuestiones Preliminares. Es decir, si Venezuela investigaba a miembros de alto rango de los cuerpos de seguridad, que tendrían responsabilidad en la comisión de los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Para la organización defensora de derechos humanos, «Venezuela no ha demostrado una investigación progresiva, tampoco demostró que el retardo en las investigaciones no sea injustificado, por lo tanto existe inactividad por parte de Venezuela en el entendido de que hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos investigativos».
Y añadieron, como lo sostuvo el magistrado presidente de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, que las actuales investigaciones en el país «no contemplan los elementos contextuales de los crímenes, son investigaciones aisladas, dirigidas solo contra perpetradores de menor rango y que no han tenido en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución ni los elementos propios de la violencia sexual».