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Gremios docentes califican como una «aberración» la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que rechazó un recurso contra instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) tras declararlo «inexistente». Señalan que lo que sí existe son los daños que la aplicación de dicho instrumento causó a las contrataciones colectivas de los empleados públicos de todo el país.

La sentencia del TSJ también multa a quienes introdujeron el recurso -trabajadores activos y jubilados del Ministerio Público- por «perturbación y el ejercicio abusivo de una acción judicial» y amenaza con investigación.

Los dirigentes sindicales de la educación consideran la respuesta del TSJ como un acto de «intimidación» contra la clse trabajadora y advierten que no retrocederán en sus reclamos.

En el «limbo»

«Los trabajadores públicos, los docentes quedamos en lo mismo; es decir, persiste la violación de los derechos laborales conquistados en las convenciones colectivas. Hay un elemento aberrante en la sentencia del TSJ porque no resuelve el planteamiento de fondo sino que solo da una respuesta administrativa», expresó la dirigente sindical de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela, Raquel Figueroa.

En declaraciones a Efecto Cocuyo señaló que si ya el instructivo Onapre no existe, según el TSJ, deben revertirse los efectos negativos que provocó a las contrataciones colectivas al eliminar beneficios como las primas (antigüedad, profesionalización, etc.). Alertó que la sentencia no se refiere a este aspecto por lo que los trabajadores y sus reclamos quedaron en un «limbo».

Entre las razones del máximo juzgado del país para declarar nulo el recurso está la falta de acompañar el documento introducido por los demandantes, con una copia o el original del instructivo de la Onapre, que la Sala Político Administrativa del TSJ califica de inexistente, a pesar de su aplicación y las protestas de las y los trabajadores del sector público.

«No existe el instrumento según el TSJ, pero persiste la política de violar la Constitución y la Ley del Trabajo por lo que regresamos a las mismas condiciones que generaron las protestas por la aplicación del instructivo y la falta de pago a los docentes, que además exigimos la firma de la contratación colectiva vencida desde 2020», apuntó.

La educadora advierte que si en la práctica no se derogan los efectos del instructivo de la Onapre no habrá firma de convención colectiva porque el patrono no estará dispuesto a reconocer los beneficios que debe contemplar.

«No nos va a amedrentar»

«No nos van a amedrentar, no vamos a recular ni dar pasos hacia atrás porque el salario sigue desplomándose, no hay seguridad social, acceso a los alimentos, tanto los trabajadores como sus familias», dijo Figueroa.

Llamó a los trabajadores a unificar y articularse en un gran fuerza nacional para continuar en la defensa de los derechos.

Ante el pago incompleto del bono vacacional, los educadores venezolanos se fueron a las calles a protestar hasta que cancelaron el beneficio. Las manifestaciones se unieron con la de los empleados públicos en general en exigencia de la derogatoria del instructivo Onapre hasta que el Ejecutivo destituyó al director de la Oficina, el pasado 15 de agosto.

Las protestas continuaron esta semana que inició el 23 de agosto, el presidente del Sindicato del Ministerio de Tierras, José Marcano, convocó al TSJ para el martes 6 de septiembre, para exigir la derogatoria del instructivo con medida cautelar para restaurar beneficios, bonos vacacionales y aguinaldos que tienen incidencia en las prestaciones sociales y el fideicomiso.

«Los maestros abrieron los ojos»

La directiva nacional de la Federación de Sindicatos de Licenciados en Educación, Janeth Cazorla, coincide en que los maestros del país «abrieron los ojos» y por eso salieron a las calles, algo que considera, no debe ser subestimado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Señaló además que el Ejecutivo y al TSJ de violar convenios suscritos entre la República y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la progresividad de los derechos laborales, además de la Constitución nacional y la Ley Orgánica del Trabajo.

El artículo 91 establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

«El salario debe estar a la par de la canasta básica pero según el cálculo del Cendas (470,44 dólares para julio de 2022) estamos muy por debajo, exigimos que no se nos escamotee el salario, que se devuelva la retroactividad de las primas y se firme la contratación colectiva vencida desde 2020», agregó.

Evalúan nuevas estrategias

La también dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, indicó que el sector educativo evalúa nuevas estrategias de protesta. Indicó que si bien la lucha contra los efectos del instructivo Onapre llevará más tiempo enfatiza en que pelearán para que en este último trimestre del año el Ministerio de Educación cancele 280% de las primas que adeuda a más de 400 mil docentes, sin dejar de mencionar a empleados administrativos y jubilados, de la contratación colectiva de 2013-2015.

«Las protestas de calle son importantes pero no nos podemos quedar allí porque la gente se cansa, más con la falta de alimentos, de luz, de agua, también queremos evitar la persecución y que a más trabajadores se los lleven presos, por eso evaluamos estrategias para ser más efectivos y recuperar los ingresos», dijo la también presidenta de la ONG de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi).