Un grupo de expertos conversó en la tarde del 1 de marzo sobre la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de rechazar la apelación del gobierno de Nicolás Maduro y darle luz verde al fiscal Karim Khan para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
El panel estuvo conformado por Valentina Ballesta, de Amnistía Internacional (AI); Laura Dib, de la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (Wola); Calixto Ávila, de Provea; y Michelle Reyes, de Human Rights Watch (HRW).
Durante la conversación se tocaron temas como lo que puede venir para Venezuela después de la decisión de la CPI, pero los panelistas también dedicaron tiempo a desmontar una serie de mitos sobre la justicia internacional.
Valentina Ballesta aseguró que “la justicia no está sujeta a conversaciones ni acuerdos”, en referencia a si una posible negociación con el gobierno venezolano podría tener como condición que la CPI deje de investigar los crímenes de lesa humanidad.
Ballesta fue enfática al decir que esta investigación justamente buscará que las personas responsables “de los crímenes más atroces se rindan ante la justicia”.
La decisión de la CPI es un reconocimiento a las víctimas y sus denuncias
Uno de los puntos en el que coincidieron los panelistas fue alabar la resistencia de las víctimas, así como el trabajo de las diferentes organizaciones que se han encargado durante años de registrar las denuncias en Venezuela.
Calixto Ávila recordó que unas 8.900 personas participaron voluntariamente para denunciar casos ante la CPI y que más de 2.000 lo hicieron para desmontar el recurso interpuesto por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esa participación no es vano. Hay gente que dice que eso no va a dar resultado, pero no es así. Hay casos que han terminado en sentencia, que aunque no sean acatadas pues terminan contribuyendo a la verdad”, explicó Ávila.
Mientras tanto, Laura Dib fue enfática al recordar que la CPI es un órgano independiente y que no está sujeto a conversaciones políticas. Dib recordó que en Wola abogan por mantener abiertos los canales de negociación, pero también la ruta electoral y el escrutinio a las violaciones de derechos humanos.
Dib también indicó que la investigación de la CPI podría detenerse si Venezuela empieza a investigar crímenes de lesa humanidad bajo los estándares internacionales. “Pero eso no está pasando ni creemos que vaya a pasar en el corto plazo”, aseveró la experta.
Sobre el tiempo que puede tomar la CPI
Michelle Reyes, de HRW, indicó que ahora toca ser pacientes porque los tiempos de la CPI no están establecidos y hay muchos factores que pueden entrar en juego. Sin embargo, Reyes recordó que “el gobierno venezolano no puede tomar una medida para frenar la investigación actualmente”.
No obstante, Reyes también mencionó que “más adelante el gobierno podría usar herramientas concretas para cuestionar la admisibilidad de casos”.
Por su parte, Valentina Ballesta recordó que hace cinco años parecía imposible pensar que una decisión como la de este 1 de marzo ocurriera. Por ello recordó que en este tipo de situaciones es importante ser pacientes y cumplir con los pasos necesarios para que se haga justicia.
Reyes resaltó la labor de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos y dijo que “la CPI es consciente de los riesgos que asume la sociedad civil cuando interactúa con la Corte”.