Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente, se pronunció sobre la condena de los seis sindicalistas detenidos en julio de 2022.
El funcionario indicó que el caso fue tratado en una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU y la delegación de la ONU y estos habrían quedado “satisfechos” con la información que se les brindó.
“Verificaron que estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos en contra del Estado”, dijo el fiscal en una rueda de prensa realizada la tarde de este jueves 3 de agosto.
El pasado martes, 1 de agosto la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, sentenció a 16 años de prisión a los dirigentes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez.
Todos fueron detenidos sin órdenes judiciales y sus residencias fueron allanadas sin el documento judicial.
“No son líderes sindicales”
Saab indicó que en los últimos días se ha difundido “información falsa” para hacer pasar al grupo condenado, a quienes calificó de “conspiradores” por “supuestos sindicalistas”, que habrían sido procesados y condenados por defender los derechos de los trabajadores.
“No son líderes sindicales, ni están inscritos en el seguro social estos 6 hombres”, afirmó el Fiscal.
Dijo que los seis hombres pertenecían a una organización “subversiva y conspirativa” denominada Unidad de Resistencia Popular (URP). Según el Ministerio Público obtuvieron evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Según Saab, entre las presuntas acciones estaban asaltar el conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en el estado Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según constaba de un total de 120 fusiles modelo FAL.
“Con estos planifican realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio del año 2022, donde se encontraba presente el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar”, afirmó.
El fiscal indicó que los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, Vargas, Falcón y Distrito Capital, y que estaban siendo apoyados desde Colombia.
Qué dijo Saab sobre dirigentes sindicales
Según lo informado por Saab, al momento de la aprehensión de los seis sindicalistas, que fueron realizadas entre el 4 y el 9 de julio del año pasado, se les incautaron “evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo”.
El Fiscal señaló que Alcides José Bracho era el “jefe de la organización” y que trabajaba bajo instrucciones y financiamiento de Angelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana en situación de deserción.
Saab agregó que a Bracho se le incautó un arma de fuego en su residencia sin la permisología correspondiente.
“Por este hecho, a este sujeto se le acusó también por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, proceso que se encuentra a la espera de la audiencia preliminar. Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato”, añadió.
“Quien transgrede la ley y como psicópata rompe las reglas, se investiga y finalmente se le condena”, dijo.
Türk expresó preocupación por líderes sindicales
El pasado mes de julio en su actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, mencionó la detención de los seis líderes sindicales.
“Durante el período que abarca el informe han continuado las protestas, a menudo centradas en reivindicaciones de derechos económicos y sociales, así como mejores condiciones de trabajo y salarios”.
Türk se refirió a los seis sindicalistas y también los recientes casos de dos dirigentes de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
“La detención el mes pasado de dos dirigentes sindicales de la empresa siderúrgica estatal Sidor en el estado de Bolívar, acusados de incitación al odio, asociación criminal y boicot, es uno de varios casos preocupantes”, expresó el representante de Naciones Unidos.
Igual preocupación expresó de los ahora condenados. “Otro es el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales”.
En su exposición llamó al gobierno de Nicolás Maduro a permitir la libre asociación y el derecho a la protesta.
“Hago un llamamiento al Gobierno y a las organizaciones de empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores”, señaló