Indignación y sorpresa por la severidad del castigo provocó entre voceros de centrales sindicales del país y organizaciones defensoras de derechos laboralesla sentencia a 16 años de cárcel contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez por parte de Tribunal 2° de terrorismo, a cargo de la jueza Grendy Duque.
Para el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, la Coalición Sindical Nacional y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), con el encarcelamiento de sindicalistas y activistas por reclamar reivindicaciones laborales, el gobierno, a través del Poder Judicial, envía un “peligroso” mensaje a la clase trabajadora del país: el de indefensión ante la “fuerza represiva” del Estado.
La Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), junto a la Confederación Unión Nacional de Trabajadores (Unete), consignaron un escrito ante el Departamento de Normas Internacionales de la OIT para solicitar su «intervención urgente» ante la condena a prisión de los seis sindicalistas sin que existieran pruebas de los supuestos delitos cometidos, en su contra.
La jefa del Servicio de Libertad Sindical Karen Curtis se comprometió a informar sobre la respuesta que reciba la Organización del gobierno venezolano.
«Golpe a la mesa de la OIT»
«La sentencia contra los sindicalistas ratifica lo dicho por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019: en Venezuela no hay estado de derecho porque no existe separación de poderes y se usa al Poder Judicial, a los tribunales, para atentar contra la libertad sindical. La condena a 16 años de estos trabajadores es una afrenta a ese informe», advirtió la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter.
La también profesora de la Universidad Central de Venezuela recordó que producto del diálogo social entre el Ejecutivo, representantes de trabajadores y patronos a través de gremios como Fedecámaras, que cuenta con la asistencia técnica de la OIT, se instaló no solo la mesa para el diseño de un método de fijación del salario mínimo sino una de revisión de al menos 100 de los casos de sindicalistas presos y en libertad, pero con procesos judiciales abiertos.
Acotó que hace una semana, el Ministerio del Trabajo se comprometió a mediar ante la Fiscalía para evaluar cada caso, entre ellos el de los sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión, por lo que alertó que la condena es un «golpe» a la mesa con acompañamiento de la OIT.
La organización internacional ha instado al Estado venezolano a cumplir con el convenio 87 sobre la libertad sindical y deje de «perseguir» a los representantes de los trabajadores que encabezan protestas.
«El mensaje es claro, si usted se atreve a exigir un mejor salario puede terminar preso y que ser dirigente sindical en este país es ser terrorista. Esto genera en los trabajadores y en la población una sensación de absoluta indefensión frente a un Estado que abusa de su poder. No es la primera vez que pasa, ya vimos cómo se allanó un local privado sin orden legal y se llevaron a 33 personas detenidas, en el camino buscan de qué acusarán y darán apariencia legal al abuso a través de un juez», sostuvo.
«No son delincuentes»
Este 3 de agosto, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, aseguró que los seis condenados “no son sindicalistas” y que fueron castigados por «conspirar» contra el gobierno de Nicolás Maduro. El funcionario hasta afirmó que la oficina del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas estaba «conforme» con la sentencia de prisión.
«No hubo pruebas de las acusaciones en el tribunal. Emilio Negrín estuvo en la primera ronda del diálogo social con la OIT en representación de Codesa y hoy está preso y condenado, es un luchador social, dirigente sindical. Estas personas sentenciadas injustamente no son delincuentes y el gobierno debe saber que esta decisión lo deja muy mal parado internacionalmente», aseguró José Marcano de la Coalición Sindical Nacional.
Sostuvo que desde el momento en el que el primer juez de la causa, José Mascimino Márquez, fue apresado por corrupción en marzo por recibir supuestamente sobornos de bandas hamponiles organizadas, el juicio debió quedar desestimado.
Advirtió que la sentencia de 16 años no frenará las protestas y que el movimiento de trabajadores seguirá en la calle para exigir sus derechos y la liberación de todos los sindicalistas y trabajadores detenidos.
Piden derecho de palabra en la AN
Este 3 de agosto, un grupo de trabajadores y voceros sindicales, entre ellos Marcano, protestaron entre las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional (AN) para exigir la liberación de todos los detenidos y rechazar la sentencia contra los seis sindicalistas.
En el lugar los recibieron miembros de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento con mayoría del chavismo y solicitaron un derecho de palabra en la plenaria de la AN de 2020 para exponer sus reclamos.
«Las protestas no se van a detener, habrá un llamado a una protesta nacional pacífica, apegados a la Constitución para el 15 de septiembre. La condena es un mal mensaje para la lucha sindical que reclama un mejor salario, actualmente en solo 4,3 dólares, que se rescate el HCM, las cajas de ahorro y se indexen todos los beneficios de los trabajadores», dijo.
Uso «político de la justicia»
Para el secretario general de la CUTV y coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora que es el brazo sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Pedro Eusse, la sentencia contra estas seis personas evidencia que no solo «no hay separación de Poderes» en Venezuela sino que existe «subordinación», en este caso del Poder Judicial, al Ejecutivo.
Recordó que también están presos desde el 11 de junio por participar en protestas por reivindicaciones, los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azuaje, privados de libertad, afirmó, de manera irregular.
Subrayó que fueron víctimas de desaparición forzosa porque los apresaron en el estado Bolívar y se desconoció su ubicación hasta que aparecieron en Caracas. A ellos imputaron por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot.
«Los trabajadores venezolanos no pueden tener confianza en unos tribunales que violentan la presunción de inocencia. En Venezuela no hay estado de derecho sino una total indefensión de los ciudadanos, todos corremos peligro por el uso político de la fuerza del Estado y de la justicia», recriminó Eusse.
Llamó a la fuerza trabajadora del país, independientemente de su ideología política y de las diferencias, a unirse en protesta nacional por los derechos laborales y por la liberación de todos los detenidos de manera injusta. Advirtió que es la única forma de hacer que el gobierno retroceda.
«Estamos ante la violación del orden constitucional con prácticas recurrentes, ahora son esas seis personas condenadas, antes, el dirigente sindical petrolero Eudis Girot (preso por 1 un año y 7 meses), Rodney Álvarez (obrero de la Ferrominera del Orinoco) que estuvo 10 años preso pese a ser inocente y luego lo liberan sin ningún tipo de compensación, sin trabajo. Un tribunal suspendió las protestas en Guayana, pasándole por encima a un derecho constitucional que es la protesta (artículo 68)», acotó.
Otros detenidos
Entre los casos que se pide al Ministerio Público revisar a través del diálogo social con la OIT también están, entre otros:
Guillermo Zárraga: Ingeniero de Pdvsa con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del estado Falcón . Fue detenido el 14 de noviembre de 2020 en su vivienda por la Dgcim. Se desempeñaba para entonces como técnico operario en la refinería Cardón en el Complejo Catalítico de Paraguaná.
Se le acusó de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir. Se encuentra en la cárcel Yare II, en el estado Miranda. En los últimos meses se ha alertado sobre un importante deterioro de su salud.
Robert Franco. Profesor de Educación Física, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano-Paria estado Sucre. Está detenido desde el 26 de diciembre de 2020. Está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7).
El 29 de marzo de 2021, el Tribunal Cuarto Nacional en materia de terrorismo, decidió mantener en la cárcel y pasar a juicio a Franco y otros cinco imputados por terrorismo por una supuesta vinculación con la denominada «Operación Boicot» (atentado), a la AN de 2020.
Johana González. Empleada de Pdvsa Etanol. Tiene boleta de excarcelación desde el 29 de abril de 2022 sin que a la fecha se cumpla esta orden. Está recluida desde 2020 en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), Los Teques, estado Miranda. La acusaron del desvío de una turbina.