El pasado 1 de agosto un tribunal condenó a 16 años de prisión a seis sindicalistas que fueron detenidos en julio de 2022.
Grendy Duque, jueza del Tribunal 2° de terrorismo, sentenció a los dirigentes laborales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez, reconocidos en informes de Naciones Unidas como dirigentes sindicales, pero desconocidos bajo esa figura por el gobierno venezolano, que los sentenció por supuestos “actos conspirativos”.
A los seis los encarcelaron entre el lunes 4 y jueves 7 de julio de 2022, en lo que organizaciones como Provea calificaron como “ola represiva” que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
Pero los seis condenados no son los únicos trabajadores que se encuentran en prisión, pese a las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la ONU para DDHH. La persecución contra los trabajadores y sindicalistas es una constante en el país.
Las últimas víctimas de detención arbitraria fueron los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, Leonardo Azócar y Daniel Romero.
A los dos los apresaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 11 de junio por su participación en una huelga laboral en la Planta de Pellas de la acería estatal.
Pedro Arturo Moreno, secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y encargado de DDHH de esa organización, expresó a Efecto Cocuyo su rechazo a la sentencia emitida contra los seis líderes sindicales, al considerar que busca enviar un mensaje a los trabajadores que protestan por sus reivindicaciones salariales.
“Muchos de los trabajadores hoy persisten bajo regímenes de presentación donde la función sindical ha sido criminalizada, aquí solamente se acepta el sindicalismo que se arrodilla frente al Ejecutivo nacional”, dijo Moreno.
Trabajadores detenidos
Guillermo Zárraga, es un ingeniero de Pdvsa con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del estado Falcón. Lo detuvieron el 14 de noviembre de 2020 en su vivienda efectivos la Dgcim. Se desempeñaba para entonces como técnico operario en la refinería Cardón en el Complejo Catalítico de Paraguaná.
A Zárraga lo acusaron de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir. Se encuentra en la cárcel Yare II, en el estado Miranda. Su juicio estaba a punto de terminar en julio, pero al juez de la causa le revocaron la competencia en materia de terrorismo y ahora el proceso comenzará desde cero.
Robert Franco. Es profesor de Educación Física, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano-Paria del estado Sucre. Está preso desde el 26 de diciembre de 2020, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7).
Marcos Sabariego y Gil Mujica, ambos dirigentes sindicales de la Refinería El Palito, estado Carabobo. Los apresó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con la colaboración de seguridad interna de Pdvsa el 2 de febrero de 2020 cuando intervenían en una asamblea de trabajadores en la que discutían desmejoras laborales.
Estuvieron privados de libertad en el Destacamento 25 de la GNB en Puerto Cabello. Actualmente están bajo arresto domiciliario, a la espera de juicio. La defensa denuncia retardo procesal.
Remys Ramos, Fray Soteldo, Avilio Manrique, Deinis Torrez, Manuel Palacios, Ronald Rodríguez, David Torres, Deinis Torres, Luis Coro, Ronald Hernández y Juan Carlos Arias, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) a quienes detuvieron tras cuatro días de protestas por bajos salarios, durante segunda semana de enero de 2023, en el estado Bolívar.
Líderes sindicales informaron que a varios de los detenidos por la Dgcim y el Sebin, los llevaron ante los tribunales y les imputaron delitos de instigación al odio, agavillamiento, asociación para delinquir y alteración del orden público.
“Hay unos que todavía están detenidos, pero otros están acusados y sometidos a ese régimen de presentación que les impide tener participación de sus derechos sociales y políticos, es una situación tan precaria como casi estar bajo rejas”, agregó Moreno.
Presos por exigir mejoras
Este jueves 3 de agosto, el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab informó que los seis trabajadores condenados no pertenecen a ningún sindicato y que pertenecían a una organización “subversiva y conspirativa” denominada Unidad de Resistencia Popular (URP).
Los familiares y la defensa de los seis condenados en reiteradas ocasiones han informado que durante el proceso judicial la parte acusatoria no tenía elementos probatorios o pruebas que demostraran la culpabilidad de los sentenciados.
“Quienes se mantengan firmes en esta lucha (mejoras laborales) están expuestos ya no solamente a que sean acusados de rebeldía, conspiración, de asociación para delinquir, sino que se exponen también a condenas aberrantes”, indicó el representante de la CTV.
Para Moreno esta sentencia es una señal de chantaje y amedrentamiento. Señala que a partir del 15 de septiembre, se unirán a acciones de protesta.
“El movimiento sindical y el movimiento de los trabajadores de la clase obrera guayanesa, de las empresas básicas y en general los trabajadores, vamos a levantarnos siguiendo a los educadores a los pensionados, pero también levantando unas consignas de reivindicación de un salario constitucional, de la restitución a la seguridad social y de respeto a la contratación colectiva”, expresó.
Moreno exigió respeto a la Constitución y pidió persistir en la lucha de la necesidad de que Venezuela tenga un salario atenido a lo expuesto en el artículo 91 de la Carta Magna.
El gremialista indicó que los representantes del Gobierno se han burlado de las intenciones de quienes han estado promocionando la posibilidad de un diálogo social en Venezuela. “Aquí no hay ningún diálogo porque no hay ningún fruto que se pueda mostrar, lo que hay es retroceso”, dijo.
Condena lo ocurrido
Alfredo “Chino” Sánchez, miembro del comité nacional de la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT) condenó la sentencia contra los luchadores sociales y la calificó de descarada.
Explicó que la persecución, detención y encarcelamiento de los trabajadores implosiona la forma de seguir actuando dentro del diálogo social tripartito, que busca tratar de que las violaciones de los convenios laborales que firmó Venezuela no se garanticen.
“El convenio de la libertad sindical está siendo flagrantemente violado por el Gobierno y por estas decisiones judiciales”, afirma Sánchez.
Los trabajadores se reunieron de emergencia para tomar postura y solicitar al oficialismo la liberación de los seis condenados y así continuar la mesa de diálogo.