La Cruz Roja Venezolana, cuya intervención y reestructuración ordenó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este 4 de agosto, informó sobre una reunión entre su secretario general y el expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno.
Cusanno, también integrante del Foro Cívico, fue designado por el máximo tribunal del país como el presidente de la junta reestructuradora ad hoc de la Cruz Roja venezolana y deberá a su vez nombrar en una semana al resto de los miembros de dicha junta.
«Nuestro secretario general, Mario Santimone, recibió hoy (5.08.2023) a Ricardo Cusanno, quién ha sido designado en la sentencia No.1057 de la Sala Constitucional del TSJ como facultado para iniciar un proceso de evaluación, reorganización interna y modernización de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana», notificó la sociedad nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.
Desde la Cruz Roja Venezolana se aseguró que en el encuentro realizado este sábado 5 de agosto, hubo un «diálogo fluido» sobre la actual situación de la institución y se declaró la disposición a realizar un trabajo conjunto «apegados a los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad», los cuales, se aseguró, rigen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
«Acción arbitraria»
Antes de que se conociera la medida judicial, el vicepresidente de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Miguel Ángel Villarroel, pidió al gobernante Nicolás Maduro impedir la intervención de la Cruz Roja en Venezuela.
Villarroel es hijo de Mario Villarroel, el presidente depuesto de la institución que estaba siendo investigado por el Ministerio Público por presuntos malos manejos financieros y acoso laboral.
«Le solicito de la forma más respetuosa que no permita una acción arbitraria de parte de un ente del Estado que manche 128 años de vida de nuestra institución», solicitó en un video divulgado en Twitter.
Organizaciones como Acceso a la Justicia advirtieron que se sienta un precedente «muy grave» porque se abre la puerta a la intervención de cualquier Organización No Gubernamental (ONG) en Venezuela, bajo presunciones y no hechos comprobados.