La praxis política en Venezuela ha sido consumida por la injusticia. Pero si la nación se diera a la tarea de regir los procesos políticos de acuerdo a lo que establece la Constitución, la injusticia no sería un problema, tampoco lo sería el irrespeto a los preceptos inherentes a la democracia como la igualdad, la solidaridad, la soberanía y, tal como refiere el texto constitucional, se acataría la “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

No obstante, el devenir político venezolano está signado por el odio, el resentimiento y la chapucería. Sobre todo el odio toda vez que suele advertirse en la actitud de los gobernantes y de los fanáticos que pululan como adláteres a su alrededor.

Desde 2017, Venezuela cuenta con una Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia cuyo articulado busca promover una cultura de paz que permita al ciudadano vivir acogido a valores que exaltan la tolerancia, el respeto recíproco, la pluralidad política y la igualdad social en la población.

Sin embargo, la ley se ha convertido más bien en un arma contra la disidencia usada desde el poder que pregona tolerancia y paz.

Una Ley para discriminar

En lo político, el odio no ha dejado de servir como medio para alentar la polarización ni siquiera porque la aludida ley (contra el odio) sostiene que “quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente, será sancionado con prisión entre 10 y 20 años” (Del artículo 20 de dicha ley).

Los preceptos de dicha Ley son discriminatorios en lo político. La ecuanimidad está ausente pues se aplica sólo a quienes alzan su voz de protesta contra la corrupción que encubre la gestión política permitida por el mismo Ejecutivo Nacional en componenda con el resto de los Poderes Públicos.

En este contexto, ¿dónde queda la palabra comprometida jurídicamente?, ¿dónde queda el discurso gubernamental cuando exalta la necesidad de hacer que sus ciudadanos interactúen cívica, pacífica y armoniosamente?

La situación que nacionalmente ha de venir con motivo de los procesos eleccionarios en ciernes, ha desatado un alboroto de demonios. Recientemente, en un acto político que la precandidata presidencial e ingeniero María Corina Machado convocó en Barquisimeto, el periodista José Ángel Ocanto se refirió a la incitación al odio ejercida como criterio político por funcionarios y adeptos al régimen.

María Corina Machado, por el supuesto “pecado” de estar recibiendo amplio respaldo popular de cara a las elecciones establecidas en la Constitución de la República para 2024, es objeto de odio porque tiene en ascuas al autoritarismo que teme ser defenestrado.

Lo que padece esta combativa mujer representa una obscena apología del odio. Ello contraría lo que destaca el discurso político cuando habla de castigar a quienes manifiesten alguna provocación a odiar.

A decir de la Constitución Nacional, las libertades consagran derechos civiles, políticos y sociales. Pero en la praxis se omiten por la  intolerancia que el régimen cultiva hacia la disidencia y el pluralismo político. Podría decirse que en el fragor del barullo político que se vive en Venezuela no es una anomalía política ver cómo, perros del odio y zamuros de la mentira, buscan denigrar y deshonrar las libertades y derechos humanos.

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