El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, rechazó la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la apelación del Estado y continuar con la investigación de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad, y que el MP junto con los órganos auxiliares de justicia ha investigado y sigue investigando cada caso de presuntas violaciones a derechos humanos del que ha tenido conocimiento”, afirmó Saab durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público.
Saab afirmó que las denuncias recibidas por la CPI de víctimas fueron “sacadas de redes sociales”. Según el fiscal las denuncias que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han realizado no están certificadas porque no tienen los nombres y los apellidos de las personas cuyos derechos humanos fueron violados.
“Colocan casos como el de ultraje sexual, a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano. Ya lo colocan como un delito de violencia sexual”, dijo Saab al desconocer las denuncias de las víctimas.
Saab también negó que en Venezuela se realizaran detenciones masivas e insistió en que durante la detención de Rocío San Miguel el Estado no incurrió en el delito de desaparición forzada. «Quisieron inventar un concepto falso sobre la detención de Rocío San Miguel solicitada por un tribunal».
En la opinión del fiscal, la CPI y las instancias internacionales “le hacen caso a una caja llena de apócrifos que se llevó una prófuga de la justicia (Luisa Ortega Díaz) y se le entregó a (Luis) Almagro que se lo dio al grupo de Lima”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Denuncia persecución contra Venezuela
El funcionario del gobierno de Nicolás Maduro señaló que contra Venezuela hay una persecución judicial internacional.
“El lawfare utilizado contra Venezuela ha recurrido a las medidas coercitivas unilaterales, aplicadas principalmente por EEUU, el secuestro de bienes y recursos económicos en bancos internacionales. Esa es la vía pseudo legal que complementa la conspiración permanente contra autoridades del Estado venezolano que incluye intentos de golpes de Estado y magnicidios, alzamientos militares, espionaje, incursiones mercenarias y actos terroristas”, añadió.
Para el caso de Venezuela en la CPI, las investigaciones quedaron inicialmente a cargo de la predecesora de Khan, la fiscal Fatou Bensouda, quien realizó investigación preliminar y en 2020 su hallazgo sirvió de base para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo menos desde abril de 2017.
La investigación de Bensouda se centró principalmente en las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017 y no se conocieron resultados de posibles casos cometidos desde 2014.
Crítica a la oficina del fiscal de la CPI y a la del Alto Comisionado de Derechos Humanos
Saab atacó a la oficina del fiscal Karim Khan y la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, por no instalarse en la franja de Gaza, donde denunció se cometen crímenes de lesa humanidad. “Como no tienen los motivos acá en Venezuela los inventan. Usted puede ser terrorista y la CPI y la ONU son presos de conciencia”.
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El titular de la Fiscalía acusó a las instancias de querer imponer un tutelaje judicial contra Venezuela y denunció que el país no ha recibido el mismo trato que reciben otros países durante el proceso de investigación.
Saab volvió a hablar de los expedientes que solicitó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y afirmó que la oficina “quería revisar casos de delitos comunes y de terroristas”.