En julio se registraron 56 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el país, según un informe.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló este miércoles que las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos enfrentaron graves riesgos a medida que avanzó en el contexto preelectoral la política de criminalización, represión y control social.
“La violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición”, indicó en un comunicado donde ofreció detalles del informe.
Los 56 ataques registrados durante el mes de julio se caracterizaron por estigmatización (26), intimidación y hostigamiento (20), detención arbitraria (1), ataques digitales (5) y amenazas (1).
El 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes ocurrió a partir del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
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“Preocupa la sistematicidad de estos hechos”, destacó el Centro para los Defensores y la Justicia.
Añadió que la falta de un espacio cívico libre y seguro en el contexto de eventos electorales afectó el desarrollo de actividades de la sociedad civil de forma segura y sin temor a ser objeto de represalias y agresiones.
Violencia y la represión estatal
A la organización le preocupa que los ataques se originaron en medio de un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal. Esto afectó el derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos, especialmente entre aquellos involucrados en el proceso electoral.
La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático, se indicó en el comunicado..
Las vulneraciones al trabajo de defensa y promoción de derechos en el contexto post-electoral son preocupantes, y se exige que estas actividades sean garantizadas sin represalias.
