En un reciente informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), titulado Crisis Postelectoral y de Derechos Humanos (DDHH) 2024 en Venezuela, también conocido como El Libro Negro de la Dictadura 2024, se ofrece un detallado y preocupante panorama de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro en el periodo comprendido antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Este informe, basado en datos recopilados por más de 25 organizaciones de derechos humanos, expone patrones sistemáticos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, y un profundo deterioro de la institucionalidad democrática en el país.
El documento evidencia cómo la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público estuvieron dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, y que deben calificarse como “terrorismo de estado”.
Además, el informe señala que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.
Destaca que, aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”.
Antes de las elecciones: represión y censura
El informe señala que el ambiente preelectoral en Venezuela estuvo marcado por una serie de restricciones al espacio cívico y político. Desde enero de 2024, el gobierno intensificó la represión contra la oposición y cualquier forma de disidencia.
Durante los primeros meses del año y antes de las elecciones, 25 personas fueron detenidas por informar. Además, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso. También se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
El informe reporta dos mil 283 protestas, de las cuales las exigencias por derechos económicos, sociales y culturales representaban el 56%. Durante los primeros siete meses del año, por lo menos 169 personas fueron detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
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Persecusión por apoyar la candidatura opositora
Se suman 49 personas aprehendidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos sufrieron sanciones por este motivo. Como caso emblemático durante este lapso se encuentra la violación del derecho a asilo de las seis personas refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas.
Una de las principales tácticas utilizadas fue la inhabilitación de candidatos opositores, destacando la de María Corina Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, quien fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos.
Además, el informe documenta cómo la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó leyes que restringen la operación de organizaciones no gubernamentales, limitando severamente la libertad de asociación y reunión en el país.
En paralelo, el gobierno implementó un plan llamado "Furia Bolivariana", un operativo que combinaba fuerzas civiles, militares y policiales para intimidar a la población y a los actores políticos de la oposición. Este plan resultó en una ola de ataques y vandalismo contra propiedades de organizaciones políticas y civiles. Además, la detención arbitraria de varios activistas y líderes políticos.
Durante las elecciones: irregularidades y violaciones
El día de las elecciones, el 28 de julio de 2024, estuvo plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos, según el informe de Cadal. Los observadores electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reportaron una jornada electoral dominada por el control gubernamental sobre los medios de comunicación, con escaso acceso para los candidatos de la oposición.
Las organizaciones de observación ciudadana registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. En el 70% de los centros electorales se encontraban puntos proselitistas, mientras que entre el 22% y el 33% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores.
Hasta las 6:00 p.m. la actuación de los funcionarios del “Plan República” fue calificada como institucional. Sin embargo, a partir de esa hora recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana. Entre el 24% y el 44% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio. En el 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos.
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Ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, y 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo en 17 estados diferentes, con un saldo de ocho personas heridas de bala y una asesinada.
Ataques a civiles bajo la tolerancia de las autoridades
Estos ataques no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades. Las irregularidades vinculadas a la difusión de los supuestos resultados fueron recogidas en los reportes preliminares del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas, los dos más altos entes con capacidad técnica invitadas por las autoridades para realizar observación electoral durante los comicios.
El informe también destaca cómo el gobierno utilizó las redes sociales y otros medios digitales para manipular la información y silenciar las voces opositoras. Durante el proceso electoral, se registraron numerosos casos de detención de ciudadanos y periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. También el bloqueo de más de 50 sitios web que contenían información crítica al gobierno.
Después de las elecciones: Represión generalizada
El período postelectoral fue testigo de una intensificación de la represión en Venezuela. El informe de Cadal documenta cómo se incrementaron las detenciones arbitrarias con un patrón de persecución política cada vez más severo.
Posterior al 28 de julio la movilización popular en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en un informe previo sobre la situación del país.
Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio y condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios.
Estos mecanismos “duros” fueron, luego del 31 de agosto, complementados con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales.
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Nicolás Maduro ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, divulgadas oficialmente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados.
Detenidos y desapariciones: nidos del terror
Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres. En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración y la negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza. También, la aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad.
Además, el informe revela que el gobierno de Maduro utilizó el terror y la violencia como herramientas para restringir el espacio cívico en el país. Uno de los casos más emblemáticos mencionados es la "Operación Tun Tun", que implica allanamientos y detenciones arbitrarias sin orden judicial que sembraron el miedo.
Patrones de crímenes de lesa humanidad en el contexto de elecciones
El informe concluye que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro configuran un patrón claro de crímenes de lesa humanidad. Son acciones ejecutadas antes, durante y después de las elecciones. Estos incluyen persecución por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, entre otros. Cadal subraya que estas prácticas no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también representan un deterioro significativo de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Acciones sugeridas
Entre las recomendaciones del informe, dirigidas a la comunidad internacional, se encuentran:
- Mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas.
- Incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
- Tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio, según la Declaración de Cartagena.
- Reconocer como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A los Estados parte del Estatuto de Roma:
- Incidir en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación.
- Iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones.
- Mantener el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes.
- Una revisión regional de la Carta Democrática Interamericana.
- Crear nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente.
- Incluir el tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025.
A las organizaciones sociales y ONG regionales:
- Desarrollar iniciativas de “nombrar y avergonzar” a los violadores de DDHH de Venezuela.
- Establecer experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción.
