Joshua Holt, un hombre del estado de UTAH, Estados Unidos, encarcelado durante casi dos años en Venezuela demandó al presidente Nicolás Maduro.
Holt acusó al líder izquierdista de encabezar una “empresa criminal” que secuestra, tortura y encarcela injustamente a ciudadanos estadounidenses, reseña Associated Press.
Confiscar activos
La denuncia presentada el jueves en un tribunal federal de Miami por Joshua Holt es la última de una serie de demandas de estadounidenses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Estados Unidos ha designado grupo terrorista. Pide compensación por los daños que Holt y su familia dijeron haber sufrido en virtud de una ley federal poco utilizada, la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los activos de sus victimarios.
Holt, quien viajó a Venezuela en 2016 para casarse con una compañera mormón, detalló en la demanda cómo lo arrestaron junto a su esposa durante una redada. Lo acusaron de ser un «terrorista de la CIA» y lo sometieron a condiciones inhumanas mientras estuvo detenido, incluyendo simulacros de ejecución y falta de atención médica adecuada.
Joshua Holt y su familia sufren trauma
Después de negociaciones lideradas por un miembro del personal del senador Bob Corker, Holt fue finalmente liberado en 2018. Sin embargo, la demanda alega que tanto él como su familia continúan sufriendo trauma, incluidos trastornos de ansiedad y depresión.
Laurie Holt, la madre de Joshua, falleció en 2019 debido a una enfermedad cardíaca que la familia atribuye al estrés causado por el encarcelamiento prolongado de su hijo.
Otros estadounidenses encarcelados en Venezuela han obtenido sentencias importantes contra Maduro y su círculo íntimo por motivos similares, incluidas acusaciones de controlar el Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico.
A pesar de las sentencias favorables, la recuperación de compensaciones resulta desafiante debido a la falta de propiedades o cuentas bancarias a nombre de Maduro o sus colaboradores cercanos en Estados Unidos. Se sospecha que gran parte de la riqueza acumulada por los funcionarios venezolanos está en manos de testaferros cuyos activos son difíciles de rastrear y confiscar.
Con información de AP
