La semana pasada comentamos sobre la posibilidad de que se celebren nuevas elecciones presidenciales y que nos olvidemos que una vez hubo un candidato que ganó las celebradas el 28 de julio de 2024, y que ese candidato se quede “con los crespos hechos”, como reza un viejo dicho muy nuestro. Todo dentro de un plan para “estabilizar el país”, sacudido desde entonces por la ola de “secuestros” por el régimen de los que valientemente sacaron a la luz lo ocurrido ese día y posteriores, y por el remezón del 3 de enero pasado, que abrió un panorama de esperanzas para el pueblo venezolano.
Existen varios casos históricos en los que un presidente electo no pudo juramentarse porque el régimen saliente o las fuerzas de poder se lo impidieron. No son situaciones comunes en democracias consolidadas, pero sí han ocurrido en contextos de crisis institucional, golpes de Estado o disputas sobre la legitimidad electoral.
En 1940, en Paraguay ganó José Félix Estigarribia las elecciones para elegir presidente, pero el presidente saliente, el general Rafael Franco, se negó a entregar el poder. Finalmente, Estigarribia sólo pudo asumir después de que Franco fuera derrocado.
En 1957, en Guatemala ganó Miguel Ortiz Passarelli; nunca pudo asumir, porque el presidente saliente y sectores militares anularon las elecciones y se instaló un gobierno provisional.
En 1993, en Nigeria, Moshood Abiola ganó las elecciones presidenciales, pero el régimen militar anuló los resultados. Abiola fue arrestado cuando intentó proclamarse presidente, y nunca pudo juramentarse.
En todos los ejemplos donde el presidente electo no pudo juramentarse, se observan factores como:fuerzas armadas controlando la transición, ruptura del orden constitucional, anulación de resultados electorales, conflictos entre poderes del Estado, crisis de legitimidad del órgano encargado de la juramentación.
En el caso venezolano, las actas físicas recogidas por testigos opositores mostraban una ventaja abrumadora para Edmundo González, en algunos estados por encima del 70–80%, pero el CNE publicó resultados oficiales que daban la victoria a Nicolás Maduro con 51,95% de los votos, tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó un patrón de opacidad informativa, manipulación electoral, obstáculos a la observación independiente, y denuncias de fraude en el anuncio de resultados.
De modo parecido a Guatemala, en Venezuela, ya no el régimen perdedor, sino el presidente de Estados Unidos, instaló una presidente “mientras tanto” dizque para volver a la normalidad, y además, ha ordenado convocar nuevas elecciones. Temo que la vuelta a la normalidad pase por un nuevo proceso electoral que agite otra vez las pasiones, y remueva los escombros de lo que va quedando después de 25 años de opresión y arbitrariedad, en vez de ser un paso adelante en la restitución rápida de la democracia, como lo sería el respetar los resultados del 2024, entregando la presidencia a Edmundo González, que la ganó legítimamente.
El panorama se presenta incierto pero esperanzador, los venezolanos esperamos una vuelta a la democracia, a la libertad y al respeto a los derechos humanos. Pero copio la expresión de un preciado amigo: “ellos son los que tienen los revólveres, nosotros no”. Está claro quienes son “ellos”, pero el problema es que “ellos” no usan los revólveres para proteger y defender a los que no los tienen, sino para oprimirlos y torturarlos; no los llevan para hacer cumplir las leyes, sino para violarlas.
