Un docente de Faces UC, cuestiona que a profesores con doctorado se les exija hacer un curso de formación docente, que dura seis meses, y por el cual tienen que cancelar más de 100 dólares.
Andrés Méndez, quien visitó El Carabobeño, aseguró que la exigencia de la realización de este curso, se le hace hasta los docentes que tienen doctorado en educación, para poder ascender a las siguientes categorías profesorales, lo cual a su juicio no tiene razón de ser.
A su entender, esta exigencia se hace con la intención de retrasar el ascenso de quienes tienen un pasado opositor dentro de la UC, que sería su caso.
Méndez también criticó que el Consejo Universitario no publique sus decisiones por internet, por cuanto la comunidad universitaria está ajena a lo que allí se apruebe.
Asegura que es fácil escanear las actas de las sesiones, convertirlas en PDF y así como publicar en el portal de la web de la Universidad de Carabobo, pero no hay voluntad para hacerlo.
En su opinión, existe temor al desplazamiento y ascensos de los docentes que puede llegar ser autoridades universitarias, por tener un gran potencial. Por eso se creó el Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo, aprobado por el Consejo Universitario Extraordinario del 14 de diciembre de 2006, y publicado en su número extraordinario del primer trimestre del año 2007, en la Gaceta Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2007.
Méndez refirió que el 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia 00244 en la Sala Político Administrativo, ordenó suspender los efectos de los artículos 193 y 194, del referido estatuto, y levanto el vencimiento o prescripción de los trabajos de ascenso por Inconstitucional.
Esto fue producto de un amparo que él solicitó, pero todavía no ha tenido respuesta oportuna por parte de la UC, lo que a su modo de ver se puede interpretar como desacato u omisión a un fallo del alto tribunal.
“Pasan los días, los meses y no hay respuesta para poder introducir mi tesis de maestría y mi tesis doctoral, según decisión del propio tribunal”.
Dijo que el Tribunal Supremo de Justicia ordeno al Tribunal 6to de Municipio de Valencia, realizar las notificaciones pertinentes para dejar constancia de manera certificada de la decisión de amparo.
Por eso, de no obtener respuesta en los próximos días, solicitará la Jurisdicción penal contra cada miembro del Consejo Universitario por desacato y/o omisión.
Citó que existe jurisprudencia como el caso de los ex alcaldes Scarano de Sandiego y Ceballos del Táchira, quienes fueron sentenciados a 10 meses de prisión.
También solicitará Inspecciones oculares de los datos, como nombres y apellidos, así como la cedula de identidad, ante la Comisión Electoral Universitaria.
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