Un grupo de venezolanos reclamó este domingo, una vez más, la libertad de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel y «todos los presos políticos, más de 300» de su país, además de manifestar temor por un posible «fraude» en las elecciones presidenciales de julio.
Cuando se cumplen 100 días de la detención de San Miguel y de su exmarido Alejandro González de Canales, ambos hispanovenezolanos, unas 50 personas se concentraron en el centro de Madrid en señal de «solidaridad» y «apoyo» y denunciar cómo el chavismo ha estado 20 años «amenazando y destruyendo» la nación y «violando» los derechos humanos.
En un manifiesto, alertaron de que cualquiera puede ser llevado «preso» por el simple hecho de salir a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Igualmente, «no se tienen garantías» de que los próximos comicios vayan a ser un proceso electoral «libre y plenamente democrático», en alusión a «trabas» administrativas para registrarse y votar o la presentación de candidatos.
Muchos presos políticos desconocen de qué les acusan
En declaraciones a EFE, Yajaira González de Canales denunció que su hermano, Alejandro, quedó detenido el 9 de febrero en su domicilio y encarcelado provisionalmente.
Por ahora, ni él ni la familia saben oficialmente de qué se le acusa, ya que no tienen acceso al sumario, no se le permite defensa por un abogado de su confianza y desconoce cuál oficio se le haya podido asignar.
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Por algunas informaciones recibidas y conjeturas, podría tratarse de «espionaje militar» a favor de EE.UU., aunque Alejandro González de Canales dejó las Fuerzas Armadas hace 13 años, según su hermana.
Ha perdido en la prisión Rodeo 1 entre diez y quince kilos y su padre, de 83 años, lo puede visitar solo unos 15 minutos a la semana, explicó Yajaira, que valoró el apoyo de las autoridades consulares españolas en Venezuela. Además, la familia tiene «miedo a represalias» en caso de reclamar que se aclare su situación.
Indefensión y condiciones infrahumanas
Verónica, hermana de Fernando Noya, condenado en agosto de 2020 a 24 años por «terrorismo», denunció también «indefensión», pues no se les permitió contar con un abogado particular, y tampoco han tenido acceso al expediente judicial.
Cumple condena en Rodeo 1 en condiciones «inhumanas» y en régimen de «aislamiento», con visitas de diez minutos semanales.
El 9 de febrero también resultó detenida de manera «arbitraria» Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio de Maduro.
Le arrestaron en el aeropuerto de Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
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