En noviembre del año pasado, un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional y de la contrainteligencia militar atrajo la atención al lugar donde ocurrió: una chatarrera a las afueras de Puerto Cabello. El galpón es propiedad de la esposa y la cuñada del hoy recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga. A partir de ese hallazgo, se trazan las conexiones de la empresa con todo un grupo de compañías, con el negocio de exportación de desechos metálicos que el Estado reserva para sí, y con otro militar violador de derechos humanos.

Alrededor del recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga ha emergido un grupo de negocios que –entre fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas– suma unas 30 empresas, que se sepa. Naciones Unidas ya lo había señalado por sus vínculos con el tráfico de armas, la industria de la extorsión y la extracción ilegal de oro. Y ahora una nueva revelación advierte que, si bien está sancionado en Estados Unidos, su esposa y familia política han logrado abrir nuevas empresas en Florida.

Las sanciones internacionales forzaron al régimen de Caracas a rediseñar sus conexiones comerciales. En el caso del oro, cuya explotación y exportación el gobierno estimula para convertirlo en una fuente de ingresos alterna al petróleo, hizo igual. La novedad fue que, para ello, consiguió en Medio Oriente aliados exóticos, aceite de oliva y un corredor que conduce los cargamentos auríferos a otros destinos. Así, Líbano se convirtió en el segundo mayor comprador del metal precioso en Venezuela.

Los Comandos de la Frontera, grupo que junto a la Segunda Marquetalia inició diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, están operando también en el norte de Ecuador, y con la banda Los Choneros han impuesto un régimen de terror en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Con la incursión de los grupos armados y el crimen organizado, prospera la minería de oro.

Es conocida la relación privilegiada de Roberto Leyba, expareja de la segunda hija de Hugo Chávez, con Pdvsa. Ha sido, a la vez, contratista y representante legal de la compañía. Los bemoles de esa influencia del abogado se condensan en una operación que nuevos documentos obtenidos para esta historia destapan, por la que el bufete de Leyba acudió al rescate de un deudor insolvente de la estatal petrolera en Panamá y obtuvo, a cambio, un buque de carga para su empresa naviera.

La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del banco que colapsó en 2014. Aún así, su expediente cuenta los pormenores de la participación de venezolanos en la trama corrupta, unos como sobornados, y otros como prestanombres o facilitadores para el flujo del dinero. En ambas categorías aparecen con roles importantes dos ciudadanos de nombre Rafael Cure, padre e hijo, hasta ahora desconocidos para el público.

Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el poderoso ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su lugarteniente en diferentes cargos públicos, tendieron un ducto de dinero que canalizó, según investigaciones de la Fiscalía venezolana antes de 2017, al menos 157 millones de dólares provenientes de coimas que la constructora Odebrecht pagó. Fuentes documentales y personales a los que el presente reportaje tuvo acceso, confirman ahora que Campos Cabello estableció en Madrid un grupo de empresas todavía activo.

Un documento judicial dado a conocer hace poco relata la serie de desmanes que dos venezolanos habrían cometido en la administración de ese banco en Puerto Rico, que al colapsar dejó deudas todavía sin pagar a 3.500 ahorristas. Las irregularidades incluyeron desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta la solicitud, una vez intervenida la entidad, de una comisión para recobrar los fondos perdidos. Aún en medio de la debacle, sus dueños se las arreglaron para participar en la construcción de al menos una lujosa torre de oficinas en Las Mercedes, Caracas.

Un empleado del centenario banco portugués fue elegido en 2009 para servir, desde la isla de Madeira, como contacto con los funcionarios del régimen chavista que aceptaban hacer negocios con la agonizante institución -colapsaría en 2014- pero solo a cambio de jugosas coimas. Hoy João Alexandre Silva se mantiene a salvo de cualquier acción judicial en un opulento refugio emiratí, amparado por sus inversiones, por la falta de un tratado de extradición y por la renuencia displicente de las autoridades de la nación árabe.

También en Cuba tienen sus castro-burgueses que, como en el caso venezolano, gozan de conexiones privilegiadas con la familia gobernante, cuando no son directamente miembros de esta. Mediante una revisión minuciosa de registros mercantiles internacionales hecha para esta historia, el medio independiente cubano YucaByte destapa dos redes de exportación-importación que se extienden desde México y España en beneficio del clan que manda en la isla desde 1959.

San Antonio Abad es el nombre de un zoocriadero privado, aliado del Ministerio de Ecosocialismo, sobre el que la Fiscalía General anunció una investigación por supuesto contrabando de fauna silvestre. Pero el procedimiento penal, de estar activo, no ha impedido que esa empresa, que forma parte de un grupo corporativo familiar, siga comercializando en el extranjero toneladas de especies criollas bajo amenaza de extinción. Tampoco lo ha hecho con las importaciones de animales foráneos, leones blancos entre ellos, que la misma compañía realiza.

En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.

El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.

Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.

Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.

La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.

Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.

La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.

De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.

El joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es un astro en ascenso que ha sabido escalar posiciones en la órbita de los negocios con el régimen bajo el ala protectora de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sus vuelos en comitivas oficiales lo llevan por el mundo no solo para promover a La Vinotinto, sino en beneficio propio a través de una estructura empresarial que lo mismo intermedia alimentos para los CLAP que petróleo para Pdvsa. Ya hay quien lo ve como el sucesor (y rival) del comerciante favorito de Nicolás Maduro.

La variante de este mal del tipo cutáneo, conocida como “llaga brava”, es recurrente en las zonas boscosas, intervenidas por la minería, de la Gran Sabana. Como ironía, la fiebre del oro se ha conjugado con el empobrecimiento de los habitantes de la región, lo que se refleja en la falta crónica de medicamentos en el servicio público de salud de Santa Elena de Uairén, la última ciudad fronteriza. Así que los enfermos se ven forzados a ir hasta la vecina Pacaraima, Brasil, en busca de tratamiento. Es otro de los costos ocultos de la minería en Venezuela.

Ávido de generar divisas a través del turismo, el gobierno de Nicolás Maduro apura los convenios e infraestructura para atraer visitantes internacionales al país. Para demostrar que puede ofrecer un destino de lujo, busca ampliar la pista del aeropuerto del archipiélago de Los Roques, una de las joyas del Caribe, sin reparar en los daños que podría infligir a su frágil ecosistema.

Haciendo gala de una habilidad para combinar las facetas de empresario, abogado y cabildero, este socio principal del bufete Venezuelan Attorneys sortea señalamientos públicos y controversias judiciales mientras amplía una robusta red de negocios y relaciones con el poder. Parte de esas destrezas quedan demostradas en el expediente del caso Pdvsa-Cripto y en documentos a los que tuvo acceso Armando.info.      

La incursión del crimen organizado en zonas selváticas y escasamente habitadas del río Puré-Puruê, que corre por ambas naciones, no hace más que azuzar la fiebre minera y la devastación que esta trae. Los tributos que la guerrilla exige y las mordidas para las autoridades estatales, pagaderas en gramos de oro, disparan una demanda de metal precioso que solo se puede satisfacer con volúmenes cada vez mayores extraídos mediante dragas de escala industrial. 

Detrás de la fachada conservacionista, este zoocriadero comercializa miles de morrocoyes sabaneros oriundos del Macizo Guayanés, con la autorización del Ministerio de Ecosocialismo. Desde hace más de una década, ha exportado más de 200.000 a cuatro continentes tomando rutas poco convencionales para saciar la demanda global de la fauna silvestre.

Los ‘caminos verdes’ que cruzan los límites entre Colombia y Venezuela son un negocio para los grupos irregulares que los controlan y un peligro para quienes se ven obligados a transitarlos. En las últimas décadas, centenares de venezolanos han desaparecido en ellos sin dejar rastro. Los familiares que los buscan deben sortear extorsiones y amenazas de los actores armados y hasta estafas de los pobladores locales, mientras las autoridades del Estado hacen poco o nada para ayudarlos.

Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder público. Estos le permitieron manejar personalmente, según un cálculo de Armando.info a partir de una filtración de documentos, hasta 56.000 millones de dólares.

El grupo rebelde colombiano ha logrado consolidar su gobierno en algunas zonas fronterizas de esos dos estados venezolanos. Una treintena de entrevistas entre lugareños permitieron constatar el imperio de la llamada ‘familia’, la comunidad que el ELN controla como un padre severo con una cartilla draconiana, repleta de restricciones y penitencias, que le canta a cada quien. Los jóvenes locales se enrolan casi sin chistar en la guerrilla, a la que perciben como su única oportunidad laboral y hasta de crecimiento personal.

José Alejandro Zamora Yrala demostró cuán fácil es saltarse los protocolos de seguridad de la aviación global poniendo en peligro a miles de pasajeros.Vendió piezas usadas para motores de aviones Boeing y Airbus haciéndolas pasar como si fueran nuevas con documentación falsificada. Su estafa revela trazos de una personalidad grandiosa y mitómana, capaz de inventar un pasado célebre de disc-jockey y una red de sucursales para sus empresas. Ahora debe vérselas con la justicia británica.

José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, fustigó la corrupción mientras, por otro lado, amasaba una fortuna en contratos viciados. Hoy es acusado por Estados Unidos de lucrarse con sobornos para favorecer a Alex Saab. El enlace para tal fin fue Orlando Alfonso Contreras Saab, un joven en el doble rol de beneficiario de contratos amañados otorgados por el gobernante e intermediario de las coimas del contratista favorito de Nicolás Maduro.