Que se respete el debido proceso. Eso exige el abogado Omar Mora Tosta para la dirigente de Vente en el estado Portuguesa, María Oropeza, quien se encuentra detenida desde la noche del martes 6 de agosto cuando varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron violentamente a su casa y se la llevaron en la ciudad de Guanare.
Junto a la madre de quien también es coordinadora del Comando ConVzla en Guanare, Mora Tosta acudió al Palacio de Justicia de esa ciudad para interponer un recurso de habeas corpus, que se refiere a que debe ser presentada ante su juez natural en un lapso no mayor a 48 horas de su detención, pero esto no ha ocurrido.
Tampoco conocen en qué lugar se encuentra detenida, por lo que piden conocer su paradero.
Qué pasó con María Oropeza
Un día antes de su detención, Oropeza confirmó la muerte del joven Ángel Mora, a quien policías golpearon brutalmente tras su arresto por manifestarse contra el presunto fraude electoral en el país.
También advirtió, a través de X, sobre la «operación tun tun (de detención)» que describió como una «persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad«.
En los días posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, Oropeza documentó detenciones arbitrarias en su estado, las cuales, según el Foro Penal, ascienden a 48.
La detención de la dirigente de la oposición la registró ella misma en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram mientras denunciaba que estaban «irrumpiendo» en su «hogar de manera arbitraria» sin presentar una «orden de allanamiento».
Los funcionarios, entre los cuales se encontraba una mujer, lograron abrir la reja de su casa y entrar. Acto seguido, le solicitaron a la opositora su teléfono y que cooperara moviéndose «rápido».
Este fin de semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió medidas cautelares de protección para Oropeza.
La Cidh informó que la medida se le otorgaron tras considerar que se encuentra en una situación «de gravedad y urgencia» y de «riesgo de daño irreparable a sus derechos» en Venezuela.