Este viernes 16 de febrero se cumple una semana de la detención de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien apresaron agentes de seguridad cuando se disponía a salir de Venezuela, junto con su hija, desde el aeropuerto de Maiquetía el pasado 9 de febrero.
Dos días después de que no se pudieran comunicar con ella ni con su hija Miranda Díaz San Miguel, ONG reportaron su desaparición y alertaron sobre su posible detención por parte de las autoridades venezolanas.
Desde entonces y hasta el 12 de febrero fue cuando se informó que estaba presa y había sido presentada en un tribunal contra el terrorismo por su supuesta participación en una trama para atentar contra el gobernante Nicolás Maduro, que el Ministerio Público denomina como “brazalete blanco”.
1. Quién es Rocío San Miguel
Rocío San Miguel es una abogada de 57 años, que nació en Caracas pero también tiene nacionalidad española. Es una activista de derechos humanos y fundadora de la ONG Control Ciudadano, que se dedica a temas de seguridad y defensa de la nación.
Ejerció cargos en la administración pública, entre los que destacan su paso como investigadora ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, asesora asociada del Centro de Estudios Militares Avanzados y profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional.
Sus denuncias contra las irregularidades dentro de la Fuerza Armada Nacional han provocado señalamientos desde Miraflores por su papel activo en Control Ciudadano.
2. Cuando y por qué la detuvieron
A San Miguel la apresaron la madrugada del 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. Buscaba salir del país con su hija Miranda Díaz San Miguel.
Tres días después de que la apresaran, el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó en su cuenta de la red social X que había sido presentada en un tribunal contra el terrorismo de Caracas por su supuesta participación en un plan conspirativo que buscaba asaltar cuarteles militares y atentar contra Maduro.
El 14 de febrero Saab confirmó los cargos que le imputaron: traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
“Esta señora Rocío San Miguel aparece textualmente mencionada en la orden de operación, ella tenía una misión, delatada por militares detenidos, su misión era comunicar en tiempo real los avances de los atentados terroristas que se iban desarrollando”, dijo el titular del Ministerio Público en rueda de prensa.
A su hija Miranda, dos hermanos de San Miguel y dos exparejas también las apresaron. A cuatro los dejaron en libertad con medidas cautelares. El fiscal aseguró que los imputaron por intentar destruir pruebas en contra de la abogada.
Sin embargo, a su expareja Alejandro González De Canales lo dejaron preso por cargos similares a la activista. A ella la dejaron presa en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a González de Canales en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
3. La desaparición forzada
Desde que la detuvieron y hasta confirmarse su paradero, ONG nacionales e internacionales denunciaron su desaparición forzada al no conocerse el sitio de reclusión, las causas de su detención y al no poder tener contacto con sus familiares ni abogados desde el 9 de febrero.
El fiscal Saab negó de forma vehemente que haya estado en esta categoría, que el Estatuto de Roma tipifica en su artículo 7 como uno de los crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, su defensa insiste en que no han podido tener comunicación con ella ni le permitieron ser sus representantes legales. El Ministerio Público aseguró que San Miguel accedió de forma voluntaria a tener un defensor público.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos también habló de desaparición forzada en un post que compartieron en la red social X, antes Twitter, el día 13 de febrero.
4. Las reacciones a su arresto
Gobiernos críticos al chavismo expresaron su rechazo a su detención y exigieron la liberación inmediata de San Miguel. Desde Estados Unidos hasta Canadá, la Unión Europea, naciones latinoamericanas y exmandatarios iberoamericanos condenaron la decisión de la justicia venezolana.
Más recientemente, en un comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay pidieron su libertad y cuestionaron el papel de Miraflores en este caso.
5. Las irregularidades de la detención de San Miguel
Uno de los abogados defensores de la activista, Joel García, denunció que la presentaron en el tribunal pasadas las 100 horas, cuando la ley establece el lapso de 48 horas para cumplir con este procedimiento.
“San Miguel, a pesar de que fue detenida (el viernes) a las 5:50 am fue presentada el lunes, casi a la medianoche, casi el día 13 de febrero, es decir, con más de 100 horas desde que fue practicada su aprehensión. Cualquier aprehensión que sea legítima se convierte en ilegítima, y por más que haya una orden de arresto se convierte en una desaparición forzada de persona”, explicó a Efecto Cocuyo.
Hasta el 14 de febrero, ni sus abogados ni sus familiares habían podido comunicarse con ella. Ese mismo día sus defensores no habían podido presentarse como sus representantes legales, una queja de la que un día después se hizo eco la Oficina de la ONU para los DDHH, que pidió tuviera acceso a la “legítima defensa”.
García igualmente recriminó a la Fiscalía al señalarla de violar el debido proceso con la aprehensión de San Miguel y la dilación para presentarla ante el Tribunal.