El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la violación de los derechos humanos de las personas detenidas tras las protestas por el desconocimiento a los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios presidenciales.
En una nota de prensa enumeraron una serie de irregularidades como el hacinamiento en recintos carcelarios, la falta de acceso a agua potable, la comida insuficiente y hasta el traslado de presos a Caracas sin notificarle a sus familiares de este tipo de medidas.
Entre los casos que mencionaron está el de un estudiante de medicina en el estado Bolívar, Virgilio Laverde, de 24 años de edad, «quien fue detenido en las afueras de su residencia y, según información aportada por sus familiares, no existía una orden de aprehensión en su contra».
El OVP destaca que el joven está a punto de graduarse y que lo detuvieron por manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
«Otra situación alarmante es la constante amenaza contra los trabajadores de la prensa, lo que constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos de estar informados», recordó la organización no gubernamental.
En lo que va de agosto y tras los resultados del CNE, que proclamó a Maduro como ganador pese a no mostrar actas ni resultados mesa por mesa, se ha producido la detención de siete trabajadores de la prensa: Yousner Alvarado, Paúl León, Deysi Peña, José Gregorio Carnero, Roland Carreño, Víctor Ugas y Ana Carolina Guaita. A los primeros cuatro los acusaron por delitos vinculados al terrorismo y de Guaita se desconoce su paradero.
En qué condiciones están presos por manifestar
El Observatorio hizo hincapié en las deficiencias estructurales de las penitenciarías venezolanas y los calabozos policiales donde mantienen privadas de libertad a las personas por el hecho de manifestarse.
«Sentimos una gran preocupación por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente. Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas, e incluso algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada», expresó la organización.
También mencionaron la falta de agua potable, lo que impide a las personas asearse y la mala alimentación. La dieta que otorga el Ministerio para el Servicio Penitenciario se basa en arroz y granos.
«El común denominador en estas detenciones arbitrarias es la violación al derecho al debido proceso, pues ninguno de los aprehendidos ha tenido acceso a sus abogados de confianza y ni siquiera han podido comunicarse con sus familiares», denunciaron.